Después del revés al Decreto 193, sobre la aprobación de la reforma a la Constitución Política y Carta a los Derechos Políticos en el Estado de Coahuila, nos han fallado en la incorporación del principio de paridad total de género.
Hace unos meses se gestó una inconformidad (legítima) en los ayuntamientos del estado, misma que derivó en la declaración de la inconstitucionalidad del decreto por parte del Tribunal Constitucional de Coahuila y, por si “las moscas”, se añadían dos acciones de inconstitucionalidad (28/2022 y su acumulada 36/2022) por parte de representantes legales de unos partidos políticos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
¿La obligatoriedad de la paridad total vulnera el derecho a la autodeterminación de los partidos? Sí y no, de acuerdo con las resoluciones del Tribunal Electoral y la SCJN es un hecho que ésta puede entrar en tensión con otros principios constitucionales, principalmente en la autodeterminación de los partidos, la certeza y seguridad jurídica, sobre reelecciones, etc.
Sin embargo, esta “vulneración” está justificada porque los derechos no son absolutos, sobre todo, cuando las acciones afirmativas que están en juego realmente abonarán a la paridad de género.
Se trata de un análisis de ponderación entre principios y derechos.
En esta “movida” es clara la persistencia de obstáculos políticos y estratégicos que impiden garantizar el pleno ejercicio de los derechos político-electorales para la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.
Ante esta declaratoria, hasta el momento, en Coahuila hemos perdido temas fundamentales para la garantía de la paridad en los procesos internos de los partidos en las próximas elecciones, así como la paridad total en los tres poderes del Estado y sus distintos ámbitos de competencia, la relevancia de la violencia política en razón de género, entre otros puntos propuestos.
Debido a un fallo en el proceso legislativo se vuelve a sacrificar a las mujeres en aras de intereses personales, políticos, electorales y partidistas.