La madrugada del martes 3 de noviembre pasado Salvador Osmar López, de 31 años de edad, fue detenido en un puesto de control de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Yucatán, en la carretera a la altura de Progreso. Los policías que lo arrestaron reportaron que llevaba droga. Lo extraño ocurrió horas después, cuando la familia fue notificada que Osmar había muerto mientras estaba en custodia de la corporación. ¿La causa? Un paro cardiaco.
Pero la familia no quedó conforme. Al revisar el expediente encontraron que la necropsia arrojó que la causa de muerte fue asfixia por estrangulamiento. Además tenía lesiones, posiblemente de tortura.
Aunque las autoridades intentaron minimizar el hecho, finalmente cuatro policías estatales fueron detenidos y están siendo procesados.
Lo alarmante, más allá de la terrible historia de abuso policiaco y asesinato, está en la recurrencia: este sería el cuarto caso en el año con características muy similares.
En febrero, el pescador Gaspar Sulub fue detenido acusado de narcomenudeo. Camino a la sede de la Policía Estatal murió en condiciones poco claras. En este caso los familiares no hicieron tanto ruido en los medios, contrario al caso de Osmar, y el tema sigue sin aclararse.
En abril, Ronald Richmon Díaz, fue detenido por policías en Chacsinkín. Horas después fue reportado muerto: supuestamente se colgó en su celda. Sin embargo, la familia contrató a un médico externo para realizar la autopsia y ésta arrojó que fue torturado y falleció por los golpes. No se encontró huella en el cuello para afirmar la versión oficial de que murió por asfixia al ahorcarse.
José Santiago es otro caso. En octubre pasado fue detenido en Mérida por elementos estatales y horas después su cadáver, con golpes, fue encontrado a 30 kilómetros de las instalaciones de la corporación policiaca.
La versión oficial fue que lo liberaron solo con una amonestación, y la autoridad se deslindó del caso.
Yucatán tiene la particularidad de ser uno de los estados que ha logrado mantener bajos índices de violencia. Tiene una de las tasas de homicidios dolosos más bajas del país, con 0.3 por cada 100 mil habitantes. La media nacional es de 2.2.
Según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública, en Mérida más del 80% de sus ciudadanos manifiestan sentirse seguros, algo más arriba de la media nacional que es 70%.
Luis Felipe Saidén Ojeda es el actual secretario de Seguridad Pública estatal, cargo que ha mantenido a pesar de los cambios de gobierno y de partido en el poder. Tiene 19 años con esa responsabilidad, y una de las razones por las que el gobernador Mauricio Vila lo mantuvo fue por sus resultados.
Sin embargo, un estado "seguro" no siempre es el reflejo de que todo sea paz y tranquilidad. En algunos casos, los territorios donde existe un bajo índice delictivo están dominados por un cártel que mantiene cierto control en la zona. Como sabemos, en México los cárteles no podrían operar sin la corrupción y colusión policial. La policía les sirve para contener enemigos y la posible entrada de otro grupo. Los cuerpos policiacos en ocasiones fungen como filtro para detener a vendedores de droga, interrogarlos y torturarlos para saber si trabajan para alguna banda distinta a la que mantiene "el orden".
Aunque varias fuentes con las que pude hablar refieren que una de las teorías es que la policía esté coludida y trabajando en los intereses de las bandas criminales, no tengo evidencia contundente para afirmar que así sea.
Pero sí veo importante que el gobernador Mauricio Vila, incluso alguna instancia federal o externa, ponga atención a lo que está ocurriendo en Yucatán. Cuatro personas detenidas que aparecieron muertas en un año no es poca cosa. Revela algo. Y es ese "algo" el que debe ser atendido de manera urgente antes de que sea demasiado tarde.
SANDRA ROMANDÍA es periodista de investigación. Coautora de Narco CDMX (2019) editorial Grijalbo; y Los 12 Mexicanos más pobres (2016) editorial Planeta y ganadora de la beca María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia en Nueva York.