–¡Objeción su señoría!– repetía de manera automática después de cada pregunta el representante del Ministerio Público cuando los abogados defensores trataban de cuestionar a Francisco Guerra, supuesta “víctima”, en la que se basa el caso de los 26 detenidos, del pasado 9 de diciembre, por ser supuestamente extorsionadores de conductores de pipas que prestan servicio al gobierno de la Ciudad de México.
Unas horas antes, el gobierno capitalino anunció con “bombo y platillo” la exitosa detención de un grupo de extorsionadores pertenecientes al Sindicato Libertad, que operaba en Cuemanco, en la alcaldía de Xochimilco.
La versión oficial fue, desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) a cargo de Omar García Harfush, que se había logrado la detención de más de una veintena de “peligrosos extorsionadores” que, con palos, navajas, una pistola y amenazas, obligaban a choferes de pipas a pagar una cuota por poder cargar.
“Se va a seguir trabajando para evitar estos actos de extorsión”, dijo tajante Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, quien aplaudió lo logrado por la SSC.
La historia en realidad ocurrió de otra forma. Esa mañana, los piperos se presentaron –como todos los días– al pozo número 19, de Cuemanco. Recordemos que los piperos son contratados para acarrear agua a las casas debido a la mala calidad de agua de la zona. Para algunos de ellos, con los que conversé, era un día como cualquier otro. Hacen largas filas, esperan un papel para poder extraer el agua, hacen su viaje y luego cobran el servicio.
En los videos captados por la cámara de seguridad de un local cercano, se observa cómo los ahora detenidos, en realidad eran piperos. Es decir, los supuestos extorsionados.
En imágenes que pude observar a detalle, las personas que aparecen en los video se ven inmóviles, en una rutina absolutamente normal. No se observan palos, violencia, navajas, ni gritos de amenazas. Mucho menos sería que los choferes –en el colmo de lo absurdo– se hubieran convertido en extorsionadores, una hora previa a la detención.
Francisco Guerra era uno de ellos. Fue detenido. Un juez le dijo que si firmaba un papel podría quedar en libertad. Lo firmó sin que lo dejaran leer el documento, pero cuando se dio cuenta de lo que era no lo podía creer: lo hicieron signar un oficio en el que supuestamente él fue la víctima de unos extorsionadores y él señalaba a los detenidos.
La historia de este montaje fue publicada el pasado 18 de marzo en la revista de periodismo de investigación Emeequis por mi compañero Santiago Alamilla y esta periodista.
Mediante el análisis de videos, entrevistas con algunos testigos, con detenidos y con la supuesta víctima “Francisco Guerra”, más otros expedientes, demostramos cómo esa noticia de un “duro golpe a la delincuencia” en realidad era una pifia. –¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién está detrás?– nos preguntamos. Y sobre todo: ¿quién responderá por este montaje?
En ningún momento he expresado que los detenidos, o el 100 por ciento de ellos, sean unas “palomas blancas”. Lo que se destaca en esta ocasión es lo reprobable de que las autoridades sigan dando versiones oficiales contradictorias o que no correspondan con la realidad, sigan presentando detenidos en supuesta “flagrancia”, y sigan ostentándose como eficientes y transparentes en sus actividades de investigación.
El problema es –una vez más– la simulación para presentar números alegres y actos “victoriosos” como resultados de un supuesto trabajo eficiente y al servicio de los ciudadanos. Señoras y señores, ¡el gran riesgo de una democracia es la simulación!
Mientras existan montajes, versiones oficiales a modo y “criminales” inocentes tras las rejas no se puede hablar de un avance en la gestión gubernamental. No se puede hablar de profesionalismo de los aparatos encargados de ejercer la justicia. No se puede hablar de honestidad.
Hasta el momento, los 26 detenidos continúan en prisión. Debido a la pandemia, los tiempos de las audiencias se han alargado y los detenidos no han podido demostrar su inocencia con pruebas tan claras como los videos referidos.
Mientras una veintena de familias están en la zozobra al ver a sus parientes tras las rejas por algo que a todas luces fue un montaje más o –en el mejor de los casos– un desaseo de una investigación que se intentó maquillar con “flagrancia” para poder proceder, violando los derechos más fundamentales. “Ningún legado es tan rico como la honestidad”, dijo Shakespeare, y si Claudia quiere dejar algún legado deberá apostar por alentar acciones más honestas y transparentes de sus líderes en secretarías, y rectificar cuando los errores la superen.
*SANDRA ROMANDÍA es periodista de investigación. Coautora de Narco CDMX (2019) Grijalbo; y Los 12 Mexicanos más pobres (2016) Planeta y ganadora de la beca María Moors Cabot, de la Universidad de Columbia