El Vaticano vs Comité contra la Tortura

El 4 de septiembre de 2014 la Santa Sede presentó sus Informes periódicos 16º a 23º ante el Comité de Naciones Unidas contra la Tortura. Dos años después, el 11 de enero de 2016, el Comité publica las Observaciones finales sobre los informes presentados por la Santa Sede. Es importante conocer los “Motivos de Preocupación y las Recomendaciones” plasmadas en el documento CERD/C/VAT/CO/16-23, porque nos permiten entender la resistencia del Vaticano sobre sus obligaciones como ente jurídico, con responsabilidades y obligaciones.

El primer motivo de preocupación es la objeción de la Santa Sede a reconocer al Comité y sus recomendaciones. En el párrafo 3 c) y d) del documento CERD/C/VAT/16-23, el Vaticano aseguró que las recomendaciones del Comité “dan lugar a nuevos términos o crean nuevas obligaciones”. Por eso razón, aunque está ante un órgano creado en virtud de un tratado internacional, el Vaticano pretende desacreditar los alcances de las recomendaciones. Entonces, el Comité le “… recuerda al Estado parte que la función del Comité no se limita a señalar contravenciones específicas de la Convención, sino que también, de conformidad con el artículo 9, párrafo 2, de dicha Convención, incluye formular sugerencias y recomendaciones generales…”.

Entre las recomendaciones relacionadas con el tema de la discriminación racial, el Comité recomendaba –en 2016- que el Vaticano adoptara todas las medidas legislativas necesarias para prohibir la discriminación racial, así como incorporar en dicha legislación la figura de la indemnización por parte de la Santa Sede en caso que una persona hubiera sido víctima de discriminación racial. Finalmente, el “… Comité recomienda al Estado parte que establezca un mecanismo independiente para vigilar la aplicación de la Convención respecto de particulares e instituciones que dependan de la autoridad de la Santa Sede. Este mecanismo debe contar con los recursos humanos, financieros y técnicos necesarios para cumplir con su mandato.

Este documento, que no ha recibido la atención necesaria, es la prueba de la participación del clero católico en el genocidio en Rwanda. El Comité aseguró que era “posible que algunos [integrantes del clero católico] no hayan rendido cuentas de sus actos…” Y recomendaba en esa ocasión redoblar “… sus esfuerzos para depurar responsabilidades por el genocidio en Rwanda…” La participación del clero católico quedó demostrada cuando las intenciones de desaparecer una minoría étnica y racial se hicieron presentes en 1994 pero, lo más grave fue lo que quedó documentado en el Tribunal Penal Internacional en donde, al menos, cinco jerarcas católicos fueron encontrados culpables de participar en el genocidio. Un solo sacerdotes fue encontrado culpado y sentenciado a 15 años de prisión por haber asesinado a más de 2,000 tutsis (minoría étnica), entre otras atrocidades. El nombre del sacerdote era Athanase Seromba. Y así, más de cinco sacerdotes –entre ellos un obispo-.

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