El Día Internacional de los Pueblos Indígenas se conmemora cada 9 de agosto, fecha en la que se reconoce la identidad cultural, las lenguas, los derechos y las aportaciones de los pueblos originarios. Por ello, su celebración debe abordarse desde la identidad, los derechos y el desarrollo comunitario.
El INPI señala que México ha avanzado en el reconocimiento constitucional de los derechos de los pueblos indígenas, incluyendo la libre determinación y autonomía, colocando a los pueblos originarios como sujetos de derechos, protagonistas de su desarrollo y guardianes de una cultura viva.
Sin embargo, aunque en Hidalgo ha habido avances en programas sociales e infraestructura, las comunidades indígenas todavía enfrentan problemas estructurales. Persisten mayores brechas de pobreza y rezago educativo respecto del conjunto de la población, aunadas a una insuficiente participación en las decisiones de los gobiernos municipales y estatal.
El reto es pasar de una política asistencialista a un modelo de desarrollo indígena con verdadera participación comunitaria, donde las propias comunidades decidan prioridades, administren parte de los recursos, participen en su evaluación e intervengan en las decisiones sobre las obras de infraestructura que requieren.
Los obstáculos que impiden su participación plena en las decisiones públicas no se limitan a la pobreza. También existen falta de recursos, distancia, escasa transparencia y deficiente comunicación, además de algo más doloroso: los prejuicios y la discriminación hacia las personas indígenas.
A esto se suma la centralización de decisiones desde las cabeceras municipales o el Palacio de Gobierno hidalguense. Así, las comunidades terminan siendo receptoras de políticas, en lugar de participar en su diseño. También existe una débil representación política, falta capacitación y asesoría para defender sus derechos y fortalecer sus estructuras tradicionales de decisión.
Desde una perspectiva de gobernanza, los pueblos indígenas no necesitan solamente que el gobierno los consulte, sino condiciones reales para participar, decidir, ejecutar y evaluar las políticas públicas destinadas al desarrollo de sus comunidades. Lo fundamental es reconocer plenamente su capacidad de decisión y evitar convertirlos únicamente en una estructura política o electoral.