Los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a ser consultados de manera previa, libre e informada respecto de aquellas acciones gubernamentales que puedan afectar sus derechos, territorios, cultura y formas de organización social.
En el estado de Hidalgo, al igual que en diversas entidades de México, se han realizado consultas orientadas a reformar las normas electorales y garantizar la participación de los pueblos originarios en la toma de decisiones, los órganos de gobierno y los procesos de gobernanza. Estas acciones han buscado fortalecer sus lenguas, costumbres y tradiciones, así como promover mecanismos de participación directa y adecuaciones institucionales para proteger la identidad y los derechos colectivos de los principales pueblos indígenas de la entidad: náhuatl, otomí, tepehua, tenek o huasteco y pame.
Sin embargo, las consultas realizadas en el marco de la reforma político-electoral y otros procesos relacionados con el reconocimiento de los derechos indígenas generaron tanto conformidad como rechazo entre diversos sectores de los pueblos originarios de Hidalgo. A ello se sumaron observaciones formuladas por autoridades judiciales, las cuales cuestionaron la legalidad y legitimidad de dichos procesos al considerar que no cumplieron plenamente con los estándares establecidos para que una consulta sea libre, previa, informada y realizada de buena fe.
Por esta razón, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuestionó la validez de algunas reformas derivadas de estas consultas debido a errores metodológicos y fallas procedimentales. Asimismo, se señaló la existencia de vicios en distintas etapas del proceso, entre ellos la insuficiente información proporcionada a ciertas comunidades y la limitada participación de algunos pueblos directamente afectados por los proyectos o decisiones gubernamentales. Particularmente, comunidades del Valle del Mezquital manifestaron que la consulta no reflejaba adecuadamente sus opiniones y expresaron su rechazo a los resultados obtenidos. Otras comunidades incluso consideraron que el proceso debía invalidarse por completo. El gobierno estatal sostuvo que estas consultas abrieron espacios de participación. No obstante, los cuestionamientos sobre la forma en que fueron desarrolladas y la repetición de procedimientos con deficiencias similares evidenciaron que los avances en la materia fueron limitados.