Cada septiembre ocurre algo curioso. El gobierno presenta el presupuesto del siguiente año y durante semanas se discute cómo se repartirán billones de pesos. Parece una enorme bolsa de dinero disponible.
No lo es.
El Paquete Económico 2027 propone un gasto de 10.64 billones de pesos. Pero buena parte de ese dinero tiene destino antes de que comience la discusión.
Tan sólo tres rubros —pensiones, costo financiero de la deuda y participaciones a estados y municipios— absorberán 47.2% del gasto. A ellos se suman más de un billón de pesos en programas sociales prioritarios.
El IMCO lo resume de una manera todavía más clara: sólo 20 de cada 100 pesos del gasto propuesto podrían ser reasignados. El resto está comprometido.
Ahí está quizá el dato más importante del presupuesto.
El problema es que cada año queda menos espacio para decidir qué hacer con el dinero nuevo y, mientras el margen se reduce, las necesidades aumentan.
Dicho de otra forma: cuando aparece una emergencia, una nueva prioridad o simplemente la urgencia de invertir más en infraestructura, salud, seguridad o educación, el gobierno no parte de una hoja en blanco. Parte de un presupuesto en el que buena parte de los recursos ya tienen nombre y destino.
Hacienda calcula que la economía crecerá entre 1.5 y 2.5% en 2027. Al mismo tiempo, espera recaudar 6.26 billones de pesos en impuestos, un máximo histórico equivalente a 15.9% del PIB, concentrando buena parte de su apuesta en fortalecer la recaudación.
Pero cuando una economía viene creciendo poco, recaudar cada vez más y sostener compromisos cada vez mayores se vuelve un equilibrio difícil.
Y ahí está el verdadero reto. No se trata solamente de gastar más o recaudar más, sino de conservar capacidad para adaptarse.
El presupuesto se está volviendo cada vez más rígido. La discusión de las próximas semanas seguramente se concentrará en quién gana y quién pierde recursos. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿cuánto espacio tendrá México dentro de unos años para decidir realmente qué hacer con su presupuesto?
Al final, las finanzas públicas no sólo hablan del dinero que un gobierno tiene. También hablan del margen que conserva para cambiar de rumbo.
El riesgo no empieza cuando se acaba el dinero. Empieza cuando, aun teniéndolo, ya no podemos decidir qué hacer con él.