Durante años, la política energética en México se definió más por posturas ideológicas. El sexenio anterior trazó una ruta definida: fortalecimiento de los hidrocarburos tradicionales, rechazo al fracking y una postura crítica frente a las energías limpias.
En ese contexto, incluso se impulsó una iniciativa para prohibir la fractura hidráulica en territorio nacional. El mensaje era contundente: la soberanía energética pasaba por fortalecer a las empresas del Estado y limitar tecnologías consideradas riesgosas o ajenas a ese proyecto.
Hoy, bajo la conducción de Claudia Sheinbaum, el discurso ha comenzado a reconfigurarse. No se trata de un viraje menor, sino de un ajuste estratégico que reconoce un problema estructural: la alta dependencia de México del gas natural proveniente de Estados Unidos.
La ecuación es delicada. Más del 75% del gas que consume el país es importado, lo que expone a la economía a riesgos geopolíticos y variaciones de precios. En un entorno internacional volátil, esa dependencia dejó de ser un dato técnico para convertirse en un asunto de seguridad energética.
Frente a ello, la nueva administración ha puesto sobre la mesa una alternativa que hace apenas unos años parecía impensable: impulsar el fracking para incrementar la producción nacional de gas.
La apuesta se plantea bajo una lógica dual: sí al fracking, pero con controles ambientales estrictos; sí a los hidrocarburos, pero también a una expansión decidida de las energías limpias. Ahí está el verdadero cambio de fondo.
Ya no se trata sólo de producir más petróleo o rescatar empresas estatales, sino de construir un sistema energético más diversificado, resiliente y menos dependiente.
El reto, sin embargo, es mayúsculo. El fracking implica riesgos ambientales reales —uso intensivo de agua, posibles afectaciones a mantos acuíferos, emisiones— que no pueden minimizarse. Y las energías limpias requieren inversión, infraestructura y certidumbre regulatoria que el país había abandonado.
La pregunta no es si México debe cambiar su política energética. Eso ya está ocurriendo. La pregunta es si podremos hacerlo bien.
Porque lo que hoy se decide no sólo impacta el presente: define la viabilidad energética y ambiental del país por generaciones.