Un hospital infantil debería ser uno de los espacios más seguros del Estado. No solo para las y los pacientes, sino también para su personal. Cuando dos doctoras residentes denuncian haber sido agredidas dentro de una institución pública, el problema no es individual ni circunstancial: es estructural.
Las y los pasantes, así como los médicos internos y residentes, sostienen buena parte de la atención médica en el país. Cubren guardias interminables y atienden y operan, con frecuencia, en condiciones adversas: sin insumos suficientes y en un estado permanente de desvelo.
Aun así, enfrentan una responsabilidad desproporcionada, en la que se juega gran parte de su futuro. No se trata solo del ámbito clínico, sino también de la posibilidad real de ser sujetos a procedimientos y denuncias en materia administrativa, civil e incluso penal.
Decisiones tomadas bajo presión extrema, con recursos escasos y sin respaldo institucional, pueden traducirse en expedientes, sanciones o procesos legales. El sistema exige resultados, pero no garantiza las condiciones mínimas para cumplirlos, ni siquiera en materia de seguridad.
Es lamentable lo que hoy vemos en torno al Hospital Infantil de Ciudad Victoria, lamentable porque se juntan lo peor de dos mundos: una denuncia por agresión sexual contra dos doctoras residentes y una detención que, a los ojos de cualquier persona que haya visto circular la fotografía del presunto agresor y del detenido, deja más preguntas que certezas.
La realidad es que no se le tiene confianza a la autoridad. La Fiscalía ha comunicado la parte legal del caso, pero las formas y las palabras no han estado a la altura de la gravedad de la circunstancia y del enojo social.
Una vez más, se arraiga la sensación de que los detenidos no son necesariamente quienes deberían estarlo, y eso no es bueno para nadie. Incluso cuando pudiera alcanzarse justicia, las dudas que permanecen dejan marcas que dañan a todos.
La Fiscalía tiene que entender que no solo tiene una responsabilidad jurídica, sino también una responsabilidad pública. Este caso no debería dividir, sino obligar a una reflexión común.
Toda víctima merece justicia, el personal médico merece seguridad y la sociedad merece respuestas claras, con rigor y responsabilidad. Solo así podrá empezar a reconstruirse la confianza que hoy está profundamente dañada.