El pasado 5 de febrero, el presidente Andrés Manuel López Obrador presentó al Poder Legislativo un paquete de iniciativas de reformas constitucionales. Una de ellas, la reforma al Poder Judicial de la Federación, la cual tiene el objetivo de limpiarlo de corrupción, nepotismo y tráfico de influencias, y resolver los problemas estructurales que existen en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en los tribunales; además, busca empoderar más al pueblo con la elección por voto popular de ministros, magistrados y jueces.
Con este proyecto se da respuesta a un reclamo de la sociedad sobre un Poder que actualmente se siente ausente, frío y lejano del pueblo; también se pretende que no represente solo a un grupo privilegiado, sino que exista un verdadero Estado de Derecho, que sea un poder autónomo al servicio de todas las y los mexicanos.
Lo que queremos es contar con órganos independientes que valoren la actuación de los servidores públicos, que en verdad combatan a la delincuencia organizada y de cuello blanco, y no que sean sus aliados.
¿Cómo lo vamos a lograr? Fomentando la participación del pueblo en la elección de sus representantes; el pueblo es sabio y no se equivocará en la designación de estos servidores públicos.
Además, para garantizar que no se prolongue su estancia en el Poder Judicial y se creen cotos de poder, se reducirán los plazos para estos cargos públicos: ministros de 15 a 12 años, magistrados electorales de nueve años a seis años, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial a seis años y titulares del Órgano de Administración Judicial a seis años.
Se implementará la Ley de Austeridad Republicana para eliminan los excesos y gastos del Poder Judicial y se ajustarán sus salarios al tope marcado para que nadie gane más que el Presidente de la República.
También se reducirá el número de ministros de 11 a nueve y se disminuirá el requisito de ocho a seis votos para que se declare la inconstitucionalidad de alguna norma.
Es importante mencionar que se creará un órgano de administración judicial encargado de administrar el dinero, el presupuesto, las competencias y atribuciones de los jueces, el cual se integrará por personas designadas, una por el Presidente, dos por el Senado y tres por la Corte. De esta forma, se vigilará y no se permitirán los gastos innecesarios; no permitiremos una burocracia dorada, como actualmente existe.
Nuestro deber es crear un Poder Judicial que pase de ser una dependencia de poderes fácticos, de despachos onerosos, de personas con dinero, a saldar una deuda, un compromiso, una obligación con el pueblo, porque todo servicio público, toda función pública, legislativa y judicial es para el pueblo, es para servir a todos, no solo a los que pueden pagar, no solo a los que tienen intereses, no solo a los compadres y amigos, no solo a los que tienen componendas para llevar negocios y enriquecerse de ellos.
Nosotros tenemos confianza en que el pueblo no se equivoca, hemos ido por el camino correcto por seis años con el presidente Andrés Manuel López Obrador y refrendado por otros seis más, con la doctora Claudia Sheinbaum, y con esa confianza haremos historia al cambiar el Poder Judicial de nuestro país en beneficio de las y los mexicanos..