De la sátira a la propaganda electoral

Ciudad de México /
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La Casa de los Mañosos es una parodia política elaborada con inteligencia artificial. Coloca en un castillo a caricaturas digitales de personajes públicos, principalmente de Morena. El primer episodio señala que lo que se verá es “totalmente real, excepto las cosas que inventamos” y en otros capítulos se advierte que “el programa que estás a punto de ver seguirá al aire mientras no nos censuren”. Las frases definen el género: no pretende informar, sino opinar mediante la exageración, la sátira y la provocación.

A Morena no le gustó. El 26 de agosto presentó una queja ante el INE. La Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral abrió un procedimiento, formuló preguntas a un concesionario y requirió información a Google. El partido pidió, además, suspender su difusión e impedir nuevas transmisiones.

La sátira política es un discurso protegido por la libertad de expresión pues cumple una función democrática. Despoja al poder de solemnidad, expone sus contradicciones y lleva la crítica a públicos amplios. Los ciudadanos tienen derecho a criticar a sus funcionarios. Por eso los tribunales, nacionales e internacionales, le han reconocido un margen amplio a la parodia, aun cuando resulte ofensiva. En México, la justicia electoral resolvió en el caso “Chacoteando la noticia” que un programa de humor transmitido durante una campaña no se convierte, por ese solo hecho, en propaganda electoral.

El INE tiene facultades para vigilar la propaganda política y electoral para proteger la equidad de las contiendas. No es un supervisor del discurso público. Que una expresión se refiera a políticos o influya en la opinión ciudadana no basta para colocarla bajo su control. Harían falta elementos que la vincularan con un partido, una candidatura o una estrategia electoral. Mucho menos puede prohibirse por anticipado un contenido que todavía no existe: eso sería censura previa.

La libertad de expresión tiene límites como la apología del odio o la incitación a la violencia. El programa no llega a esos extremos. Pero lo anterior no obsta para poner algunos signos de interrogación. Promover la parodia dentro de un noticiario desdibuja la frontera entre información y entretenimiento. Colocar rostros reconocibles en escenas de narcotráfico, huachicol o secuestro aproxima la burla a la imputación. La sexualización de mujeres no desaparece por llamarla humor. Y cuando la sátira golpea siempre al mismo lado conserva su protección jurídica, pero pierde credibilidad editorial. 

La serie causa molestia y Morena puede pretender impedir su difusión. Más allá, lo que está en juego no es un programa, sino si la autoridad electoral puede revisar cualquier mensaje capaz de incidir en la percepción ciudadana. Si puede, habrá dejado de proteger la competencia electoral para administrar el discurso público. Y eso sí es peligroso. 



  • Sergio López Ayllón
  • Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores / Escribe cada 15 días (miércoles) su columna Entresijos del Derecho
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