La constitución de los Estados Unidos fue un texto revolucionario e innovador. Fue la primera en establecer una arquitectura de pesos y contrapesos, dividiendo el poder entre la federación y los estados, y entre el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Cada poder sirve de contrapeso a los demás.
Durante más de dos siglos, esta constitución ha operado con relativamente pocas reformas (27 amendments). Su arquitectura política, que ha resistido más de 200 años de vicisitudes, está hoy en jaque. La llegada del presidente Trump ha cimbrado las estructuras jurídico-administrativas federales, marcando el inicio de una posible transición de un gobierno con equilibrios a uno con un Ejecutivo dominante.
Las órdenes ejecutivas (executive orders) son directivas emitidas por el presidente de los Estados Unidos con fuerza de ley, sin pasar por el Congreso. Típicamente se han utilizado para gestionar las operaciones del gobierno federal y pueden ser revocadas por un nuevo presidente, el Congreso o
los tribunales.
Trump, con un plan cuidadosamente construido, ha emitido más de 50 órdenes ejecutivas con el fin de intervenir agencias administrativas y licenciar a sus empleados, congelar fondos federales, desmantelar el sistema migratorio y construir uno nuevo que redefine el derecho a la ciudadanía por nacimiento. Además, ha implementado nuevas políticas administrativas y otros cambios de gran alcance. El problema es que muchas de estas órdenes exceden sus facultades constitucionales, invadiendo el terreno del Legislativo, o presentan serios problemas de legalidad e incluso de constitucionalidad.
El Congreso, dominado por los republicanos alineados con Trump, permanece impasible. Por su parte, varios jueces federales han suspendido la aplicación de algunas de estas órdenes ejecutivas. En respuesta, el vicepresidente Vance declaró que “los jueces no pueden controlar el legítimo poder del Ejecutivo”. La administración Trump ha decidido desacatar las resoluciones judiciales, y apenas el lunes pasado un juez determinó que la Casa Blanca no cumplió con una orden judicial. Se trata de una situación inédita en los Estados Unidos, y ya se habla de una crisis constitucional.
Es muy probable que estos casos lleguen pronto a la Suprema Corte, actualmente dominada por una mayoría conservadora. El dilema que enfrentará la Corte será crucial: puede optar por seguir los precedentes o, por el contrario, imponer una nueva interpretación de la constitución para dar paso a la teoría del “Poder Ejecutivo unificado”, que considera que el presidente encarna la voluntad popular y por ello debe controlar y dirigir todas las funciones ejecutivas.
La lucha que se avecina será intensa. Su desenlace podría dar lugar a una “nueva constitución” para los Estados Unidos, una sin los tradicionales pesos y contrapesos.
Nota final: cualquier semejanza con la realidad nacional es mera coincidencia.