El 16 de julio, durante un recorrido por Tulum, la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó a un funcionario federal: “Hay que gobernar con sentido común y para la gente. Cuando la norma se pone por encima de la gente y el sentido común, está mal; no cumplas con la norma, eso es lo que te estoy diciendo”. No fue una declaración pública, pero quedó registrada por varios micrófonos.
La afirmación tiene varios problemas. El primero es que el “sentido común” no es evidente: resulta tan variable como los intereses, los valores, la cultura o los propósitos de cada quien. Lo que para alguien es obvio, para otro puede ser inaceptable, y ambos tendrán buenas razones. ¿A qué sentido común se refiere la Presidenta? ¿Quién lo determina? ¿Es tan claro que autoriza a incumplir la ley?
El segundo problema es de principio. La ley existe precisamente para limitar a quienes ejercen el poder, para contener su “sentido común” y generar certidumbre. Por eso los funcionarios, al tomar posesión, se comprometen a “guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen”. No es una fórmula retórica: es la lógica elemental del estado de derecho. Quien recibe una instrucción como esa queda, además, en una posición imposible: obedecer al superior o cumplir la norma que protestó observar, sabiendo que la responsabilidad administrativa será suya.
Traigo esto a cuento porque en nombre del “sentido común” se recluyó en un penal de máxima seguridad, bajo prisión preventiva oficiosa, a un exgobernador acusado de delincuencia organizada, con violación grave a sus garantías procesales. Y es el mismo “sentido común” el que, cuando se trata de actuar conforme a un tratado de extradición suscrito por el Estado mexicano, exige pruebas, pruebas y más pruebas. La norma se vuelve elástica: se ignora o se invoca según convenga.
Asistimos al deterioro acelerado de las garantías más elementales. El escenario se fue configurando con reformas constitucionales y legales, y con decisiones que ampliaron el poder del Estado y menoscabaron los mecanismos de defensa construidos durante décadas. Hoy el Estado está facultado para investigar casi todo sobre cada uno de nosotros: para detener, encarcelar, bloquear cuentas, asegurar bienes y destruir reputaciones. Los jueces que, sin ser perfectos, tenían un sentido común anclado en la ley fueron sustituidos por otros cuyo sentido común admite apartarse de ella.
Lo que viene es previsible. Cada desvío de la legalidad tolerado se convierte en precedente, y éstos se acumulan. Primero se aplican a quienes nadie quiere defender; después, a cualquiera. El problema de gobernar con el sentido común es que éste cambia de dueño: quien hoy lo invoca desde el poder, mañana lo padecerá desde fuera. Y para entonces, las reglas que hoy se relativizan ya no estarán ahí para protegerlo.