Ley de remuneraciones: explicar lo inexplicable

Un gobierno austero es un imperativo ético y político. Reducir salarios y privilegios de la alta burocracia es una propuesta necesaria. El problema es que una ley mal diseñada, que quiere cortar con machete lo que necesita un bisturí, ha generado efectos no deseados. En particular, ha afectado a muchos trabajadores cuya remuneración está muy lejos de la que recibe el Presidente.

Revisemos los hechos. El 6 de noviembre de 2018 entró en vigor la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Es un instrumento que fue aprobado con prisa y sin reflexión. Su contenido reproduce lo que ya dice el artículo 127 de la Constitución: nadie puede ganar más que el presidente o su superior jerárquico. Pero contiene otras disposiciones que generaron un efecto no deseado, pues afectaron derechos laborales. Quienes aprobaron la ley olvidaron que el gobierno federal tiene una enorme complejidad, y que el concepto de “servidores públicos” incluye mucho más que la “alta burocracia”. La aplicación de la ley se ejerce por igual a los secretarios de Estado que a miles de médicos, enfermeras, policías, trabajadores de intendencia, maestros e investigadores.

Peor aún, con una técnica desastrosa, se reformó el Código Penal Federal para establecer que comete un delito tanto quien paga como quien recibe (aún sin saberlo) una remuneración “indebida” o “no autorizada”.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos y un grupo de senadores controvirtieron la ley mediante acciones de inconstitucionalidad. Por desgracia, lo que debería ser visto como expresión de un mecanismo de control constitucional se ha convertido en un conflicto político de enormes proporciones. Estamos perdiendo la oportunidad de tener un debate razonado sobre cuál debería ser un nivel adecuado y proporcional de los salarios de los servidores públicos y de corregir las deformaciones de los tabuladores. Por otro lado, el ruido que se ha generado nos ha impedido reflexionar sobre la mejor manera de armonizar el contenido del artículo 127 con la garantía —también constitucional— que impide disminuir los sueldos de los jueces mientras estén en funciones.

Relevo en la Corte. Justo en medio de esta coyuntura el presidente López Obrador envió al Senado la terna para elegir al nuevo o nueva integrante de la Suprema Corte. Se trata de una designación política para un órgano político. Pero quienes aspiren a ocupar un asiento en el tribunal constitucional deben probar —con su trayectoria, capacidades y visión— su idoneidad para el cargo.

Conozco a Juan Luis González Alcántara desde hace varias décadas. Es un hombre discreto, probo, imparcial, con una larga y probada experiencia judicial. Ha sido por años profesor e investigador, constructor de instituciones jurídicas, conocedor profundo del derecho civil y familiar y autor de sentencias innovadoras cimentadas en los derechos humanos. Su comparecencia en el Senado probará sin duda sus méritos para ser ministro de la Suprema Corte.
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* Director e investigador del CIDE