A diferencia del inicio del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien decidió gobernar por decreto, la administración de Claudia Sheinbaum está construyendo el segundo piso de la 4T sobre un conjunto de reformas constitucionales y legales que le dan cimiento sólido. Con el acelerador a fondo, cada semana el órgano reformador de la Constitución aprueba modificaciones que están redefiniendo el régimen de gobierno y la administración.
Un simple recuento de las modificaciones realizadas desde la instalación de la actual legislatura muestra la magnitud de los cambios. Se reformaron ya 46 artículos constitucionales, algunos en más de una ocasión. Adicionalmente, otros siete artículos están en proceso de completar el ciclo legislativo de reforma y a éstos se sumarán otros 13 que se aprobarán esta semana. En total, aproximadamente 66. Como punto de comparación, en los primeros tres años del gobierno de Peña Nieto se reformaron 92 artículos constitucionales.
Las reformas abarcan áreas diversas y críticas: poderes judiciales, Guardia Nacional, derechos de pueblos y comunidades indígenas, seguridad pública, prisión preventiva oficiosa, transporte ferroviario, empresas y áreas estratégicas, supremacía constitucional, igualdad sustantiva, perspectiva de género, derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, erradicación de la brecha salarial por razones de género, bienestar social, vivienda para trabajadores, protección y cuidado animal. Esta misma semana se aprobará la reforma que desaparecerá a algunos órganos constitucionales autónomos (OCAs).
En el ámbito legal, destaca la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Aunque mantiene esencialmente la estructura que conocemos, se reestructuran las funciones de la mayoría de la secretarías, se crean dos nuevas (Mujeres y Ciencia, Humanidades, Tecnologías e Innovación), se cambia la denominación y foco de la Secretaría de la Función Pública, ahora Anticorrupción y Buen Gobierno, y se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con un mandato muy amplio. Llama poderosamente la atención que, aunque formalmente es una secretaría, no se le denomina como tal.
En todo esto hay dos buenas noticias. En materia de prisión preventiva oficiosa, no se incluyeron los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal. Por otro lado, la desaparición de los OCAs podría no ser tan radical. Hay indicios de que, aunque desaparecen como tales, las funciones de algunos de ellos se preservarán, sobre todo en materia de competencia económica.
Sin embargo, también hay que decirlo, hay que cantarle las golondrinas al derecho de acceso a la información. La transferencia de sus funciones en la materia a una diversidad de órganos augura que será muy difícil garantizar su eficacia. Sin ser perfecto, el modelo mexicano de acceso a la información pasará a mejor vida.