El presidente López Obrador se impondrá y las instituciones judiciales serán reformadas. ¿Cuál es el contenido de la reforma? ¿Qué justicia se quiere alcanzar? Dedicaré varios artículos para responder a estas preguntas, que no tienen respuestas sencillas.
Desde hace muchas décadas, todos los análisis señalan que las instituciones de impartición de justicia han fallado. Para muestra basta un botón. El Índice del Estado de Derecho 2023 del Proyecto Mundial de Justicia ubica a México en materia de justicia civil y penal, respectivamente, en los lugares 131 y 132 de 142. Estamos desde hace tiempo entre los peores países del mundo.
La Consulta sobre Justicia Cotidiana de 2015, el último gran ejercicio nacional sobre el tema, concluyó que los procesos judiciales son largos, costosos e inflexibles, que existen numerosos obstáculos para acceder a la justicia y que esta se percibe como lejana, incomprensible y tiende a incrementar la desigualdad social. En suma, la mayor parte de las y los mexicanos no tiene hoy acceso a la justicia. A pesar de tener casi una década, estas conclusiones aún resultan válidas. Por ello, es evidente que la mayor parte de la población tenga una muy mala percepción de jueces y tribunales.
Así, una gran reforma en materia de justicia es necesaria y urgente. Ahora bien, para diseñarla hay que considerar que tenemos 33 sistemas de justicia diferentes en el país, uno por cada estado y el federal. La mayor parte de los litigios se inician y son resueltos en los tribunales estatales que, por otro lado, reciben solo 40 por ciento del presupuesto agregado que el país dedica a la justicia.
La reforma importa porque es crucial tener instituciones para procesar pacífica y legítimamente los conflictos, especialmente en una sociedad cada vez más compleja. Además, porque la garantía efectiva del acceso a la justicia facilita que los derechos se reivindiquen, los acuerdos se cumplan y se produzcan consecuencias para quienes los transgreden. Finalmente, porque crea un entorno de certidumbre que reduce los costos de transacción y genera crecimiento y bienestar.
Así, creo que una reforma judicial debe tener en su foco al fortalecimiento de los sistemas de justicia estatal; que debe atender el problema de su gobernanza y presupuestos para garantizar su independencia y autonomía; que hay que diseñar e implementar procedimientos sencillos, expeditos, no formalizados, que permitan intervenciones que atiendan el fondo de los conflictos para dar certeza y seguridad a las personas; que se debe fortalecer la carrera judicial, y finalmente que jueces y tribunales deben rendir cuentas del desempeño de sus funciones y se deben erradicar los focos e incentivos a la corrupción.
¿Cuál fue el diagnóstico y cuáles los objetivos de la reforma del presidente López Obrador? ¿Cómo busca atender estos y otros problemas? Sobre esta cuestión volveremos.