In memoriam de Héctor Fix-Fierro
En las últimas entregas de esta columna, revisé diversos aspectos de la iniciativa de reforma judicial que presentó el presidente López Obrador al Congreso. En síntesis, se trata de una refundación de los poderes judiciales para alinearlos políticamente con la 4T. Pero no está orientada a generar ni un mayor acceso ni una mejor justicia.
Hace unos días, en los foros que organizó la UNAM para analizar la iniciativa, el investigador emérito Diego Valadés, en una notable intervención, lo dijo sin ambigüedad: “Tales providencias (seleccionar a los juzgadores por elección popular, reducir sus ingresos y someterlos a un órgano disciplinario que censure sus sentencias) no resolverán los problemas existentes y en cambio derogarán avances logrados a lo largo de décadas”. Sostuvo que “la elección de juzgadores abriría el camino para la concentración absoluta del poder” y más adelante remató “la iniciativa elude una auténtica reforma de la justicia y mantiene el atavismo de un Estado carente de política en materia de justicia”.
Aunque con algunos matices, la decisión de reformar parece tomada. Todo dependerá, en última instancia, de la decisión de cada uno de los cinco magistrados del Tribunal Electoral sobre la manera en que asignarán las curules de representación proporcional. La responsabilidad ética y jurídica es enorme pues, rara vez en la historia, unos cuantos pueden cambiar tanto. Si la decisión favorece la interpretación del gobierno, entonces una vez que los magistrados hayan votado se vuelven prescindibles, pues habrán habilitado a Morena para que con solo 54% de los votos efectivos modifiquen sin límite a la Constitución.
Entre tanto, insistiremos en lo que sí hay que cambiar. Hay que fortalecer a la justicia local. Revertir la tendencia presupuestal existente y destinar recursos a la formación de capital humano, de infraestructura y tecnológicos de los tribunales locales. Hay que multiplicar los mecanismos de acceso a la justicia, los medios alternativos de solución de controversias y los juicios abreviados para des-formalizarlos, simplificarlos y acercarlos a la población que los necesita. Hay que lograr que la justicia sea legible para los ciudadanos y ampliar la oferta de defensores públicos. Tenemos que generar mecanismos de rendición de cuentas y promover un diálogo entre jueces y sociedad. Además, hay que construir una política judicial nacional flexible, inclusiva y que pueda incidir en la dirección del conjunto del sistema.
Sin duda la justicia en nuestro país necesita una reforma profunda, que la cimbre y le permita dar un giro para satisfacer la deuda que tiene con la sociedad mexicana. Pero la propuesta de López Obrador no lo va a lograr. Entonces, iniciemos desde ahora esta exigencia para que se vuelva un imperativo si queremos tener una justicia para todos.