En México, la política social es una red vasta y heterogénea de miles de programas y acciones operados por los tres órdenes de gobierno. Tan solo para el periodo de 2022 a 2023, se inventariaron 7 mil 959 intervenciones de desarrollo social en todo el país, con casi 1.6 billones de pesos ejercidos anualmente (Coneval, 2023). Ante tal magnitud, es importante preguntarnos si detrás de cada una de estas intervenciones existen instituciones con los mecanismos para conocer los resultados generados y la evidencia suficiente para demostrarlos, tanto para aprender de su experiencia como para ampliar su alcance.
El costo de no saber implica dejar pasar oportunidades: programas efectivos que no se fortalecen, soluciones locales que no se replican y aprendizajes que se pierden cuando cambian las administraciones o las prioridades presupuestarias. Por eso, monitorear y evaluar no debería entenderse como un ejercicio de control ni como un veredicto que llega al final de una intervención. Al contrario, es una herramienta para gobernar mejor: permite reconocer avances, detectar obstáculos y decidir con mayor fundamento qué mantener, qué ajustar y qué vale la pena escalar.
Para los gobiernos locales, llevar esto a la práctica no siempre es sencillo. Aunque ya generan mucha información sobre sus programas, el reto consiste en usarla para responder las preguntas que importan y tomar mejores decisiones. Sin embargo, los equipos operativos y de toma de decisiones no siempre cuentan con el tiempo, las herramientas o el acompañamiento necesarios para lograrlo.
Para el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, cerrar esta brecha significa ayudar a los gobiernos a aprender de lo que hacen. Esto no se logra únicamente con manuales o capacitaciones aisladas, sino que requiere trabajar sobre decisiones reales, de la mano de los equipos responsables de tomarlas, para lograr que ese aprendizaje se arraigue en las instituciones.
Con este propósito impulsamos, desde 2022, las Incubadoras de Monitoreo y Evaluación para Intervenciones Locales. En estos espacios teórico-prácticos, 62 equipos de gobiernos estatales y municipales han trabajado directamente sobre sus propios programas. No son cursos convencionales ni ofrecen respuestas prefabricadas: el PNUD acompaña a cada equipo a entender mejor su programa, ordenar la información disponible y definir qué necesita aprender para fortalecer su monitoreo o avanzar hacia una evaluación.
El valor de este trabajo aparece incluso antes de realizar una evaluación. Un equipo puede descubrir que necesita precisar los resultados que busca; que tiene información, pero carece de los indicadores adecuados, o que la pregunta que necesita responder es distinta de la que formuló inicialmente. También puede reconocer que todavía no está listo para medir impactos y saber qué áreas debe fortalecer primero. Tener esta claridad tiene consecuencias concretas: ayuda a evitar evaluaciones prematuras o que responden preguntas poco útiles, a concentrar los recursos disponibles en la evidencia que realmente hace falta y a convertir la intención general de “evaluar el programa” en una ruta para tomar mejores decisiones.
La demanda de este acompañamiento confirma que la brecha es compartida. Por su carácter intensivo y personalizado, cada edición trabaja con un número acotado de equipos. En 2025 fueron seleccionadas 17 propuestas de más de 150 postulaciones provenientes de todo el país. La diferencia entre el volumen de solicitudes y el alcance actual plantea el siguiente desafío: sumar alianzas y recursos para ampliar el modelo sin sacrificar la profundidad del acompañamiento.
Por ello, invitamos a los gobiernos estatales y municipales a postular sus intervenciones a las Incubadoras de Monitoreo y Evaluación para Intervenciones Locales 2026. No se requieren sistemas avanzados ni conocimientos especializados. El punto de partida es sencillo: contar con una intervención pública, preguntas genuinas sobre cómo mejorarla y disposición para trabajar de manera conjunta sobre ellas.
Cuando un programa no funciona, la evidencia permite corregirlo. Pero cuando sí funciona y no podemos demostrarlo, perdemos la oportunidad de fortalecerlo, defenderlo y llevar sus beneficios a más personas. Convertir la acción pública en aprendizaje no es un lujo técnico: es una responsabilidad con quienes confían en las instituciones. Porque un gobierno que aprende no sólo gasta mejor; multiplica aquello que puede transformar vidas.