¿Hasta dónde llega la responsabilidad de un Estado que no dispara, pero proporciona las armas? Esa es, en esencia, la incómoda pregunta que Nicaragua ha colocado frente a Alemania en la Corte Internacional de Justicia.
El caso no comenzó esta semana. Nicaragua presentó formalmente su demanda contra Alemania el 1 de marzo de 2024, acusándola de incumplir obligaciones internacionales relacionadas con la prevención del genocidio y el derecho internacional humanitario por su apoyo a Israel, incluidas sus exportaciones de armamento. Apenas unas semanas después, el 8 y 9 de abril de 2024, la Corte celebró audiencias sobre las medidas provisionales solicitadas por Managua. El 30 de abril decidió no ordenarlas, al considerar que las circunstancias existentes entonces no justificaban ejercer esa facultad. Pero la Corte tampoco cerró el expediente. El caso siguió vivo.
Ahora, más de dos años después, Alemania intenta detenerlo antes de que llegue al fondo. El 7 de septiembre de 2026 pidió a la Corte que desestimara las reclamaciones nicaragüenses, argumentando problemas de jurisdicción y procedimiento. El 8 de septiembre Nicaragua respondió que sí existía una controversia jurídica y que Berlín debía haber reconocido el riesgo de que pudieran cometerse actos comprendidos por la Convención sobre Genocidio y actuar para prevenirlos.
La Corte Internacional de Justicia no es un tribunal penal y no juzga individuos. Es el principal órgano judicial de Naciones Unidas y resuelve controversias entre Estados. Sus decisiones son definitivas y, jurídicamente, obligatorias para las partes. Por eso lo que ocurra aquí tiene implicaciones que van mucho más allá de Nicaragua, Alemania, Israel o Gaza.
El argumento nicaragüense merece ser tomado en serio. La Convención sobre Genocidio no obliga únicamente a los Estados a no cometer genocidio; también establece un deber de prevención. Managua pregunta, entonces, qué significa realmente “prevenir” si un Estado puede conocer la existencia de un riesgo grave, continuar suministrando material militar y después sostener que no tiene responsabilidad porque no es quien ejecuta directamente las operaciones.
Alemania responde que Nicaragua está intentando construir jurídicamente una responsabilidad alemana que no puede determinarse sin juzgar previamente la conducta de Israel, que no es parte en este procedimiento. También sostiene que no existía una controversia suficientemente establecida cuando Managua presentó la demanda y que parte de las reclamaciones excede la jurisdicción disponible bajo la Convención sobre Genocidio. Son objeciones jurídicas importantes. Pero no eliminan la pregunta política y moral que Nicaragua ha puesto sobre la mesa.
Y Nicaragua conoce bien La Haya. No es su primera batalla ante la CIJ. En 1984 demandó a Estados Unidos por sus actividades militares y paramilitares contra Nicaragua; en 1986 la Corte determinó que Washington había violado obligaciones internacionales relativas, entre otras materias, al uso de la fuerza y la no intervención. Desde entonces Managua también ha litigado contra Colombia, Honduras y Costa Rica.
Por eso sería un error reducir el actual procedimiento a una maniobra retórica. Nicaragua está utilizando exactamente el mecanismo que el sistema internacional ofrece a los Estados menos poderosos: el derecho.
Lo que viene ahora es crucial. La Corte deberá decidir primero si acepta las objeciones alemanas o permite que el caso avance hacia una discusión de fondo. Si continúa, la sentencia definitiva podría tardar años.
Pero la pregunta ya quedó planteada: ¿puede un Estado vender las armas, conocer el riesgo de graves violaciones y seguir afirmando que la guerra es responsabilidad exclusiva de quien las utiliza? ¿O ha llegado el momento de aceptar que en las guerras contemporáneas la responsabilidad también puede recorrer la cadena de suministro?