Durante la crisis sanitaria por el coronavirus, las fallas institucionales que arrastramos desde hace sexenios en cuanto a la atención a la violencia de género se han hecho más evidentes. No es raro, para quienes nos dedicamos al acompañamiento y activismo feminista en territorio, que las mujeres se quejen de la mala o nula atención que reciben en las instancias municipales de atención a las mujeres. Y lo mismo sucede con las fiscalías en casi todos estados.
Son las instancias municipales y estatales quienes tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a la justicia, pero, por el contrario, son las primeras en desestimar la violencia que viven las mujeres. Y, en casos extremos, que por desgracia también son recurrentes, hay una negativa constante a investigar el asesinato de las mujeres y niñas como feminicidio, de acuerdo con lo que marcan los protocolos. El escenario no podía ser más desafortunado: allí donde hay menor capacidad institucional se concentran las atribuciones para combatir los principales problemas. En los institutos municipales para las mujeres, en la mayoría de los casos, ni siquiera se cuenta con diagnósticos actualizados sobre la violencia que viven las mujeres. Desde luego, se echan más en falta políticas públicas para la prevención y atención de la violencia
Activistas y familiares de las víctimas tenemos que vigilar y luchar constantemente para que decenas de feminicidios se tipifiquen como tales y, en última instancia, por alcanzar sentencias justas. En los estados, a nivel local y particularmente para muchos gobernadores, es preferible desestimar la violencia, a mostrar las cifras reales. Nadie quiere cifras rojas por violencia de género, pues eso implica siempre un señalamiento directo al mandatario en turno y una mancha en el ejercicio de gobierno.
Ha sido el pan de cada día, especialmente durante esta pandemia, y volvió a hacerse a raíz de la pregunta de dos periodistas extranjeras al presidente esta semana, pero es un error señalar al poder federal como el único responsable de la falta de acceso a la justicia para las mujeres. El feminicidio no es, como sabemos y se ha dicho más de una vez, un delito del fuero federal, sino competencia de los estados. Si realmente se quiere avanzar en el acceso a la justicia y en dotar a las mujeres de herramientas que sirvan para garantizar nuestros derechos, habría que empezar por señalar a las instancias correspondientes (cosa que, de entrada, tendrían que hacer los periodistas profesionales).
Hay que revisar y evaluar cuáles son las políticas públicas que se aplican en los estados y municipios. Constatar la existencia de diagnósticos que se apeguen y hablen de la realidad que viven las mujeres en cada sitio. De lo contrario, seguirán siendo las activistas feministas quienes tengan que subsanar el vacío que deja el estado, como entiendan y con sus limitaciones de todo tipo. La pandemia nos ha dejado claro, a muchas de nosotras, que las redes solidarias y de acompañamiento que hemos construido han sido más eficientes que muchas de las instituciones, en todos los niveles. De nada sirve tener el número de teléfono de la instancia municipal de la mujer si eso no se traduce en atención y acceso a la justicia.