Cuando la actual administración estaba en campaña no estaba sola en su exigencia de austeridad. Diversos actores de la sociedad civil, editorialistas e incluso legisladores alzaron la voz frente los excesos percibidos en la administración pública. Algunos reclamos vinieron a raíz del desorden en las finanzas públicas durante los primeros años del sexenio de Peña Nieto: el incremento en la deuda, el mantenimiento sin preocupaciones del déficit primario heredado de la administración previa, el aumento continuo del gasto a pesar de los anuncios de recortes y de austeridad.
Quizá por estas voces, por la presión de las calificadoras, o porque se aproximaban tiempos electorales, durante los dos últimos años se regresó a un mejor manejo fiscal: se logró superávit primario y el cociente deuda/PIB disminuyó algunos puntos. Pero ante los anuncios continuos del gobierno, aunado a los excesos visibles de algunos funcionarios, poco importó a la opinión pública la mejoría de las finanzas del país.
La administración actual hizo suyo el reclamo de austeridad y ha tomado medidas al respecto. Hay algunos aciertos, aunque muchas son medidas para llamar la atención y dar la impresión de austeridad, y otras son francos errores e incluso atentados contra algunas instituciones.
La medida más llamativa ha sido topar los sueldos del sector público para que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente. No tiene sentido, los funcionarios deberían de ganar por la responsabilidad que tengan y de acuerdo con su preparación. Como medida de austeridad no es relevante para las finanzas del país. Probablemente lo sea para la plaza pública, al igual que las imágenes del presidente regresando un pedazo de su salario y afiliándose a Pensionissste, o la bondad de la secretaria de Gobernación renunciando a su sueldo sin recordarle al público su pensión —que no juzgo— de la Corte.
Hay excesos en el gasto corriente. Cortar personal suena indispensable, pero hacerlo de la forma en la que lo están haciendo es lamentable. Mantener a la gente encerrada en sus oficinas obligándola a firmar renuncias no va de acuerdo con la promesa del presidente de que no habría nada al margen de la ley, ni nadie por encima de ella. Si es necesario despedir, que se haga con criterios de eficiencia y, sobre todo, conforme a derecho.
Con el pretexto de la austeridad, se recorta el presupuesto a los órganos autónomos: al INE, a la Comisión Nacional de Derechos Humanos y al Inegi; instituciones fundamentales en la construcción de la
democracia.
Se eliminan programas sociales. Era necesario, había programas duplicados e incluso regresivos. Pero se crean más, con más recursos asignados, pero sin reglas de operación ni análisis de impacto. No son recortes, son reacomodos.
La seudo austeridad de hoy le va a salir carísima a México. Se prefiere tirar miles de millones de pesos a la basura —Bloomberg estima la pérdida por los bonos del aeropuerto en alrededor de 5 mil millones de dólares, aunque la pérdida por la cancelación de la obra es más del doble— a continuar con un proyecto que brindaría oportunidades de crecimiento al país.
Lo que estamos viendo en estos días no es austeridad, es solo una pantalla.
@ValeriaMoy