Se tomó y se sintió como un triunfo la creación y aprobación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) pues como en pocas o casi ninguna legislación, se lanzó convocatoria para conformar la plataforma de consulta para la participación ciudadana y activa de integrantes de colectivos de todo el país interesados en el tránsito que favorezca básicamente la pirámide de movilidad: preferencia al peatón de a pie (valga la redundancia) incluido el usuario de silla de ruedas o persona con discapacidad motriz, andadera o personas adulta mayor, bastón o persona ciega, por citas algunos ejemplos.
Pero el festejo les ha durado poco a los legisladores federales y a los activistas por la movilidad humana y vial, pues el pasado 14 de noviembre se venció el plazo para que cada uno de los 32 congresos estatales armonicen su legislación en materia de movilidad y transporte con la nacional.
Solo Jalisco, Nayarit y Yucatán han cumplido a cabalidad con el encargo de la ley general, según lo manifestaron a través de un boletín de prensa fechado el 16 de noviembre del presente, firmado por los integrantes del colectivo de la región Laguna Ruedas del Desierto y miembro de la Coalición Movilidad Segura que es la coordinación cívica de 95 organizaciones en el país que impulsaron y dieron vida a la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV).
Hay 18 estados con iniciativas de armonización, pero aún no han sido aprobadas entre ellos Durango y once más sin iniciativas entre ellos Coahuila.
De lado de Durango, además de contar con un adelanto con iniciativa presentada, se cuenta con legisladores recién llegados a la curul que además de tiempo cuentan con la tranquilidad de programar su discusión y en su efecto la votación, sin presión de ninguna índole, incluso político-electoral.
No así el caso de Coahuila. Recordemos que el estado está cocinando los comicios electorales del próximo 4 de junio para elegir al nuevo titular del ejecutivo estatal y renovar el congreso local. En todo caso podría verse como oportunidad u olvido.
Oportunidad para los actuales legisladores a punto de salir, con el fin de cumplir, sí, con una obligación legislativa sobre armonización en la ley de movilidad y con ello “demostrar” el interés que tienen sobre el tema de seguridad vial para los transeúntes, que visibilizan activistas, que luego podrían regresarles la copa al grupo parlamentario que encabece la iniciativa para engordar las urnas a favor de su gallo para la gubernatura el 4 de junio de 2023.
O simplemente un olvido más de todos los pendientes que por falta de tiempo, que no de interés, deben dejar pasar ante la limitante del factor tiempo, ya resolverán los que vengan, ¿quiénes? Los que lleguen, al fin es su chamba y la tienen que sacar. Dicen.
Llama la atención que en época de acomodo de candidaturas para el 2023 en Coahuila, ni el pinto ni el colorado logren ver en la armonización de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) una oportunidad de acarrear votos, digo, de cumplir con los ciudadanos con un tránsito seguro para todas las personas en situación de vulnerabilidad y todas sus familias, incluso las de ellos, pues ocupamos las mismas calles, las mismas rutas, aunque no en los mismos vehículos ¿será eso?
Primero Persona.
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