El pasado 31 de mayo, el presidente López Obrador firmó un decreto que prohíbe la distribución y comercialización de los vapeadores y cigarrillos electrónicos en México.
El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell supo convencer al presidente y al parecer le funcionó, al punto que la Organización Mundial de la Salud OMS lo reconoció por restringir dicho consumo.
La justificación de esta decisión, según López-Gatell, es porque ‘’el tabaco daña a la salud en todas sus presentaciones y dosis’’, pero, ¿dañinos no son también el tabaco y el alcohol? entonces ¿por qué estos sí están regulados?
Es cierto que fumar mata a 8 millones de personas en el mundo cada año, tan solo en nuestro país se reportan más de 60,000 muertes anuales debido al tabaquismo. No obstante, la medida anunciada por el presidente ha alborotado el debate al cual se suma la prohibición de fumar en puntos principales del centro histórico de la CDMX como el zócalo capitalino y sus plazas aledañas.
Es meritorio que las autoridades busquen evitar los riesgos que traen consigo los vapeadores y dispositivos electrónicos a la salud, pero la manera en que se ha impuesto dicha medida me resulta contradictoria, ineficaz y contraria.
La última Encuesta Nacional del Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco (ENCODAT) en 2017, calculó que hay 5 millones de personas vapeadoras en México, seguramente hoy somos más. Estamos hablando que al prohibirlos se generará un sensible desabasto de dispositivos y por consecuencia habrá miles de consumidores quienes recurrirán al mercado negro.
Se venderán más cigarrillos electrónicos y vapeadores de producción dudosa cuya clandestinidad facilitará su acceso a menores de edad y con ello el riesgo de que incluyan sustancias de origen ilegal que generen mayores daños a la salud.
El escenario sería distinto si lo que se planteara fuera una regulación a los vapeadores similar a la que se planteó con el tabaco, ya que no hay ninguna justificación lógica o científica para no regularlos. Me suena más un distractor para generar polémica y resolver el problema de fondo.
A esto se suma que no han sabido ponerse de acuerdo los poderes judicial y legislativo con el ejecutivo; la evidencia está en los amparos; la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el artículo 16 de la Ley General para el Control del Tabaco, sostiene que cualquier prohibición a la comercialización del cigarrillo electrónico es inconstitucional.
Aunque la ciencia no ha logrado determinar con precisión los daños crónicos del cigarrillo electrónico, la Secretaría de salud considera que destruyen el pulmón. Pero, insisto “de la misma manera lo hace el cigarro”.
Incluso, hay quienes aseguran que se trata de una tecnología menos dañina que los cigarros convencionales, lo cual pone en tela de juicio su prohibición sin alguna base científica clara.
Pero más allá de ser una alternativa que ayude a las personas a dejar de fumar, o no; ¿por qué no regularlo? controlar su venta, su consumo, establecer impuestos responsables a quienes lo consumen y generar estrategias y campañas de concientización sobre esta práctica.
Se trata del derecho a la libre determinación de la personalidad y debe ser parte de un debate, de un proceso que pase a discusión en el congreso de la unión. Fumar es decisión de cada quien, y la vía no es la prohibición, es la regulación.
Al final del día, es un asunto que debería abordarse desde una serie de reflexiones, mesas de análisis y consensos, y no decretos presidenciales. Incluso es cuestionable que el presidente se atribuya el tema, porque vulnera las funciones del legislativo que consisten en deliberar y legislar sobre estos temas.
Verónica Sánchez
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