“Todos los hombres representan
un peligro. La única máxima
de un gobierno libre debería
ser no confiar en ningún hombre
viviente el poder de poner
en peligro la libertad pública”
-John Adams
Hace unos días, se dio a conocer una carta firmada por 43 legisladores norteamericanos, dirigida a Donald Trump, en la que expresan su preocupación porque este gobierno federal viola el tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá, y amenaza inversiones de miles de millones de dólares.
La respuesta de López Obrador fue casi inmediata y desafortunada, señaló que no hay ningún acuerdo sobre política energética, y que le daría preferencia a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad; algo que ha quedado claro, con los miles de millones de pesos que se les asignará en el presupuesto del próximo año, a pesar de las millonarias pérdidas que tienen.
Pero no sólo eso, desconociendo uno de los elementos del libre mercado, consistente en que los consumidores puedan elegir a quien comprar, dijo que fueron gobiernos anteriores quienes dieron entrada a empresas en el sector energético, como si la libre competencia fuera algo indebido; y sin tomar en cuenta que la Constitución considera a los particulares como contribuyentes del desarrollo económico nacional.
Pero lo que resulta preocupante para los mexicanos en general, y más aún para los inversionistas que además de querer producir energía, generarían fuentes de empleo, es el autoritarismo mostrado cuando estuvo en Coahuila, donde dijo que no iba a dar ni un paso atrás y que iba a rescatar a Pemex y a CFE, y que si fuera necesario, mandaría una iniciativa de reforma para volver al espíritu del artículo 27 Constitucional.
En la realidad, los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, establecen clara y congruentemente las facultades del gobierno, y contemplan la existencia de órganos reguladores como la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía, Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones; pero como sus actuaciones han sido contrarias a los intereses populistas del presidente, han sido blanco de sus ataques, y se ha pronunciado por desaparecerlas, como sucede en una dictadura.
México tiene además de su Carta Magna, una Ley General de Cambio Climático con obligaciones específicas para el gobierno, y el Senado aprobó en el 2015 el Acuerdo de París, producto de una Convención de las Naciones Unidas, en el que nos comprometimos a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero para evitar que la temperatura del planeta aumente.
Ya veremos cuando pasen las elecciones de Estados Unidos lo que sigue sobre la carta; porque no se trata de afectar políticamente o de privilegiar a alguien; se trata de reducir la dependencia del carbón y el petróleo, y cambiar a una economía basada en energías limpias, que no son un argumento falso, sino la única opción de cuidar el planeta y sobrevivir los seres humanos.
*Abogado y Maestro en Derecho Constitucional y Amparo. Magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa 2010-2017