En Tamaulipas, los ecos de la violencia resuenan con una persistencia inquietante. Recientemente, hemos sido testigos de un trágico incidente que involucra la muerte de una enfermera del IMSS y una menor de ocho años, supuestamente a manos de las fuerzas armadas.
Estos hechos, lamentablemente, se inscriben en un patrón conocido: la violencia se repite, mientras que la respuesta gubernamental se siente ineficaz y casi indiferente.
La acusación de que los elementos de la Guardia Estatal son responsables de la muerte del hijo de una residente de Reynosa es un recordatorio escalofriante de la desconfianza que muchos ciudadanos sienten hacia las instituciones encargadas de garantizar su seguridad.
En este contexto, la postura del diputado Gerardo Peña Flores, quien ha afirmado que el PAN no está politizando el caso de Vicente Verástegui, resalta la delgada línea entre la solidaridad y la inacción. Al manifestar su apoyo, se busca humanizar la tragedia.
La pregunta hacia las autoridades federales y estatales por las posturas asumidas se plantea, ¿realmente estamos ante un cambio de enfoque, o es solo un intento de desviar la atención de la crisis de seguridad que nos ahoga?
Este ciclo de violencia e impunidad no solo afecta a las víctimas directas, sino que erosiona la confianza en las instituciones de seguridad.
Los ciudadanos observan con desesperación cómo, a pesar de los reiterados llamados a la acción, las condiciones no mejoran.
La llegada de nuevas unidades blindadas del Ejército en Nuevo Laredo, aunque un paso hacia la acción, no puede ocultar la sensación de que estas medidas son reacciones temporales a problemas que requieren soluciones a largo plazo.
La repetición de estos episodios de violencia genera una especie de "loop" en la narrativa pública: los mismos relatos de abusos, las mismas promesas de seguridad y el mismo estancamiento.
La sensación de que nada cambia alimenta la frustración y la desconfianza, creando un clima de descontento en la población.
Es imperativo que el gobierno estatal reconozca esta crisis como una oportunidad para replantear su enfoque en materia de seguridad. La indolencia ante el sufrimiento de los ciudadanos no puede continuar siendo la norma.
Los tamaulipecos merecen una respuesta que no solo se limite a expresar solidaridad, sino que se traduzca en acciones efectivas y responsables.