En Tamaulipas, donde las exigencias de rendición de cuentas, contrapesos y combate a la corrupción son especialmente sensibles, el actual impasse en el nombramiento del Fiscal Anticorrupción es algo más que un simple retraso administrativo.
Es un síntoma. Y como todo síntoma, revela fallas más profundas.
Si el objetivo central de los cambios en la dependencia anticorrupción es generar certeza institucional, hoy ocurre lo contrario: la incertidumbre se ha convertido en la definición del proceso.
No por falta de perfiles, no por ausencia de marcos legales, sino por una deficiente planeación y una comunicación pública que no termina de cuadrar con la realidad técnica.
El Congreso convocó, abrió el proceso, integró una terna y programó tiempos políticos, aun cuando se sabía —porque siempre se sabe— que los exámenes de control y confianza tardan entre 10 y 15 días, cuando no más.
No es un imprevisto. Es un dato estructural del sistema. Convocar sin tener resuelto ese requisito indispensable no es un error menor: es una incoherencia institucional.
El efecto inmediato es claro: la legitimidad de la Fiscalía Anticorrupción queda en suspenso antes incluso de nacer formalmente. Y, en paralelo, la imagen del Congreso frente a la ciudadanía se erosiona. No porque haya ilegalidad, sino porque hay desorden. No porque falte ley, sino porque sobra improvisación.
Aquí aparece el segundo nivel del problema: la percepción de que la política se impuso al procedimiento técnico.
La prisa por mostrar avances, por cumplir agendas o por enviar señales de control político por parte del presidente del Congreso Humberto Prieto, terminó chocando con los tiempos reales del Estado. Y cuando eso ocurre, el mensaje es peligroso: que los procesos importan menos que la narrativa.
La anticorrupción no se construye solo con discursos ni con nombramientos rápidos. Se construye con procedimientos impecables, tiempos claros y reglas respetadas desde el inicio. Cada tropiezo en el proceso alimenta la desconfianza que justamente se pretende combatir.
El retraso, por sí solo, no sería grave. Lo grave es que parezca evitable. Porque cuando la incertidumbre no es producto de la complejidad, sino de la mala planeación, deja de ser coyuntural y se vuelve método. Y ningún sistema anticorrupción puede sostenerse sobre esa base.