El combate a la extorsión en México suele anunciarse desde salones amplios, con discursos firmes y fotografías oficiales. Pero a veces la realidad se encarga de desordenar el mensaje. Reynosa lo hizo hace unos días.
El desmantelamiento de una banda de extorsionadores que operaba desde el interior del penal en la ciudad fronteriza no es una nota más de seguridad: es una postal incómoda.
La extorsión no se cometía a pesar del Estado, sino desde una institución bajo su resguardo. Teléfonos, cuentas bancarias, logística y tiempo carcelario puestos al servicio del delito.
Todo siguió funcionando con normalidad hasta que dejó de ser sostenible.
Ese hecho ocurrió casi en paralelo al evento encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, acompañada por gobernadores del país, donde se refrendó un acuerdo nacional contra la extorsión.
Ahí, la mandataria fue contundente: no puede haber impunidad en el delito de extorsión; y se va a actuar de manera coordinada con los estados para erradicarlo.
La frase es correcta. El planteamiento, necesario. La intención, incuestionable.
El problema es el contraste.
Porque mientras se firman compromisos, en Tamaulipas —como en otros estados— la extorsión encontró refugio en el lugar donde debía estar más controlada: una cárcel.
Y eso revela algo más profundo que una falla operativa; exhibe una cadena de omisiones, complicidades y zonas grises que ningún acuerdo puede corregir por decreto.
La extorsión es hoy uno de los delitos más rentables y menos visibles. No siempre deja cuerpos, pero sí ruinas familiares, negocios cerrados y miedo administrado.
Combatirla implica algo más incómodo que discursos: tocar intereses, depurar estructuras internas y aceptar que el problema no sólo está afuera, sino incrustado en sistemas que se normalizaron.
Reynosa puede leerse como un golpe exitoso, pero también como advertencia. Si el delito prosperó desde un penal, ¿cuántos más operan sin reflector? ¿Cuántos acuerdos se han firmado mientras el negocio seguía activo?
El pacto nacional contra la extorsión es un paso. Pero sin control real de cárceles, sin limpieza institucional y sin asumir costos políticos, corre el riesgo de quedarse en eso: un documento bien intencionado frente a una realidad que no firma convenios.
Porque erradicar la extorsión no empieza en la mesa del acuerdo, sino en el momento en que el Estado recupera el control de sí mismo. Y eso, hasta ahora, sigue siendo la apuesta más difícil.