El 5 de febrero se conmemora el 108 aniversario de la Constitución Política de México. Se habla de su importancia, de sus principios, de la visión de los constituyentes de 1917. Pero, siendo honestos, para la mayoría es solo un día de descanso en el calendario, modificado una vez más.
Una efeméride que pasa sin pena ni gloria. Y es comprensible, porque ¿quién se emociona con el texto de una ley, por más fundamental que sea?.
Sin embargo, si algo define a nuestra Constitución es su capacidad de cambio. Desde su promulgación ha sido reformada más de 250 veces, mediante las cuales se modificaron en 770 ocasiones diversos artículos.
Para ponerlo en perspectiva, es como si hubiéramos cambiado de reglas del juego cada seis meses en promedio. Lo que ayer era inamovible, mañana se modifica con un decretazo.
Pensemos en cómo adaptamos nuestras propias reglas de vida. De niños nos decían que no podíamos comer dulces antes de la comida; de adultos, nadie nos detiene de desayunar un pastel si así lo queremos.
Las normas cambian según las circunstancias y, muchas veces, según quién tiene el poder de dictarlas, los gobiernos emanados de Morena pueden dar fe de esta idea.
Lo mismo pasa con la Constitución. Sus reformas han reflejado las luchas sociales y los caprichos políticos. Hubo un tiempo en que la reelección presidencial era impensable, pero ahora se permiten modificaciones que rozan esa posibilidad. En otras décadas, el petróleo era “nuestro” sin peros; hoy hay matices, leyes secundarias y contratos que flexibilizan ese principio.
La creación de la Guardia Nacional, la Reforma Educativa y la Extinción de Dominio, bajo el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, así como la Reforma Judicial, Reforma Energética, desaparición del INAI y elevar a rango constitucional los Programas Sociales, en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, son ejemplos del exceso de poder.
El problema no es que la Constitución cambie. Sería absurdo creer que un documento de hace más de un siglo puede seguir rigiendo un país sin adaptaciones. El verdadero problema es cuando esos cambios no responden a las necesidades del pueblo, sino a los intereses de quienes tienen la mayoría en el Congreso y Senado.
Cada modificación constitucional tiene un impacto en la vida cotidiana, aunque no siempre lo notemos. Por eso, este 5 de febrero, vale la pena preguntarnos: ¿estos cambios realmente benefician a la sociedad o solo a quienes detentan el poder?.