Los gobernantes en México, sin importar el partido al que pertenezcan, suelen responsabilizar a sus antecesores de la inoperancia de su propia gestión al frente de la administración.
Sin embargo, existen excepciones cuando quienes los precedieron en el poder son del mismo partido o de otro, siempre que haya un acuerdo de por medio.
Durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, se responsabilizó al ex mandatario Felipe Calderón de casi todo lo malo que pasaba en el país, principalmente en temas de violencia e inseguridad, sin aceptar nunca que la situación había empeorado en los últimos seis años.
Como si fuera una enfermedad que distingue a los gobiernos de Morena -aunque más bien es una estrategia- su mantra es “echarle la culpa a los que se fueron”.
¿De qué? De todo.
Han transcurrido dos años de la administración morenista en Tamaulipas, gobernada por Américo Villarreal Anaya, y siguen bajo la sombra del ex gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en cuyo mandato es muy probable que se hayan cometido todas las tropelías que se han señalado.
En días pasados, con la designación de Jesús Eduardo Govea Orozco, quien fuera representante de Morena ante el Ietam, como fiscal anticorrupción, se revivió un capítulo más contra el cabecismo en la entidad.
Nuevas acusaciones contra el pasado y los mismos resultados.
A un mes de iniciados los gobiernos municipales, el guion se cumple al pie de la letra: en Tampico, el regidor Raúl Pego señala presuntas irregularidades cometidas en el pasado gobierno panista de Chucho Nader, como la presencia de aviadores en la nómina y el arrendamiento de camiones de basura.
En Ciudad Madero, el secretario del Ayuntamiento, Héctor Marín, hizo la observación sobre los trabajos de dragado en las lagunas Nuevo Amanecer e Ilusión, por un monto de 20 millones de pesos, presuntamente ejecutados por el anterior gobierno del morenista Adrián Oseguera.
Más allá de las acusaciones que parecen fuegos fatuos, si los gobiernos de Tamaulipas, Tampico y Ciudad Madero quieren actuar contra los supuestos responsables de acciones que afectan sus administraciones, deberían presentar resultados concretos y evitar ventilar públicamente los procesos, si es que los hay.
Si bien la sociedad espera que los presuntos responsables paguen, también espera resultados a corto plazo de las actuales administraciones.