Hay hechos que resultan tan grandes que terminan por desnudar las debilidades de un sistema completo.
En menos de una semana, Reynosa volvió a convertirse en noticia nacional.
Primero fue el aseguramiento de una refinería clandestina utilizada para procesar hidrocarburos robados. Después, otro operativo permitió localizar un predio con más de 109 mil litros de combustible.
No se trata de un tambo escondido entre la maleza ni de una toma clandestina improvisada. Estamos hablando de infraestructura, maquinaria, movimiento de vehículos, logística y operaciones que requieren tiempo para instalarse y funcionar.
Y ahí comienza la verdadera historia.
Este negocio ilegal se incubó durante administraciones priistas y panistas, creciendo al amparo de corrupción, impunidad y redes criminales que durante años encontraron espacios para operar.
Pero una cosa es heredar un problema y otra muy distinta permitir que alcance dimensiones industriales.
Porque una refinería clandestina no aparece de la noche a la mañana. Se construye poco a poco. Llegan materiales, maquinaria, combustible, trabajadores y proveedores.
Nada de eso ocurre en silencio.
Puede existir complicidad. Puede existir miedo. Pero, sobre todo, existe una palabra que pesa más que cualquier otra: omisión.
Omisión de las autoridades federales responsables del combate al robo de combustibles. Omisión de las instancias estatales encargadas de la seguridad. Omisión de quienes gobiernan los municipios donde estas operaciones terminan por formar parte del paisaje cotidiano.
No se trata de repartir culpas sin pruebas. Se trata de entender que ningún fenómeno criminal de esta magnitud prospera en un vacío institucional.
Cuando un delito necesita meses para consolidarse, alguien dejó de verlo, alguien decidió ignorarlo o simplemente alguien dejó de hacer su trabajo.
Morena tiene razón cuando sostiene que el huachicol no nació en este ni en el sexenio anterior.
Es un problema que viene de muchos años atrás. Lo que ya no puede explicarse con el pasado es la escala con la que hoy aparecen estos hallazgos.
La sociedad tiene derecho a exigir explicaciones. No sobre el origen del huachicol, sino sobre las condiciones que permitieron que una operación de estas dimensiones creciera durante meses.
Porque cuando el crimen organizado alcanza esa capacidad de operación, los cuestionamientos inevitablemente terminan frente a las autoridades federales, estatales y municipales.