Estoy formado en la fila del autocobro. El sistema fue diseñado para agilizar la esencia del comercio —comprar y salir—, pero termina convertido en un vía crucis digital.
La razón es simple: la distracción constante del teléfono inteligente por parte de los clientes. El dispositivo que prometía eficiencia compite ahora por cada segundo de atención.
La escena cotidiana conecta con un debate mayor.
En distintos países el uso de redes sociales por parte de menores de edad ya no es solo tema de conversación, sino de legislación. Australia bloqueó el acceso a menores de 16 años. Francia y España discuten límites similares.
En Estados Unidos se litigan responsabilidades de plataformas por posibles daños a la salud mental adolescente. El mundo se pregunta si debe prohibir, regular o intervenir.
La discusión no es sencilla. En adultos, la libertad individual es principio básico. Cada quien administra su tiempo digital. Pero en menores la ecuación cambia.
No hay plena capacidad jurídica ni madurez emocional consolidada. Ahí la regulación deja de ser censura y puede convertirse en protección.
Sin embargo, conviene mirar hacia otro lado del espejo. Durante años el teléfono inteligente fue aceptado como herramienta práctica: entretenimiento inmediato, distracción funcional, acompañante silencioso. Muchas veces entregado sin reglas claras ni supervisión constante.
Hoy, cuando se habla de vetos y controles, también cabe preguntarse cuánto de esa expansión fue facilitada por una generación adulta que no dimensionó el alcance de una conexión permanente, buscamos en la ley el límite que no supimos poner en la mesa de la cena.
Regular puede ser necesario. Prohibir puede parecer contundente. Pero educar en criterio digital es más complejo y menos visible políticamente.
México observa (si es que lo hace) el debate internacional sin una política definida.
Entre la libertad y la prohibición hay un punto intermedio que exige responsabilidad compartida: Estado, plataformas y familia.
La pregunta no es si la tecnología llegó para quedarse. Eso es un hecho. La pregunta es quién debe poner los límites cuando el uso deja de ser herramienta y comienza a convertirse en dependencia.
¿El Estado, la familia o el propio usuario? Ahí comienza la verdadera discusión.