Los constantes operativos para el retiro de cámaras de videovigilancia ilegales en Tamaulipas, particularmente en la franja fronteriza, podrían interpretarse como una señal positiva: un intento por recuperar espacios, cortar redes de halconeo y restarle ventaja al crimen organizado.
Sin embargo, el saldo termina siendo tan repetido como inquietante: se desmontan equipos, se exhiben imágenes del aseguramiento, pero no aparecen detenidos, responsables ni líneas claras de investigación que expliquen quién instaló esos dispositivos y, sobre todo, quién los operaba.
Las corporaciones de seguridad suelen presumir tecnología de punta, inteligencia operativa y coordinación interinstitucional como parte de su estrategia para proteger a la ciudadanía. Hasta ahí, el discurso es impecable.
El problema es que la realidad deja una pregunta incómoda en el aire: si se cuenta con la capacidad técnica para detectar estos sistemas, ¿por qué no se sigue el rastro completo? Porque retirar una cámara es apagar un ojo, sí… pero no necesariamente significa haber identificado a quien estaba mirando.
El Gobierno de Tamaulipas busca impulsar una Ley de Videovigilancia con el objetivo de combatir la instalación clandestina de cámaras en espacios públicos, estableciendo sanciones más severas y un marco legal que facilite el desmantelamiento de estos sistemas.
Se trata de un fenómeno que las propias autoridades han identificado como “halconeo tecnológico”, y que, de acuerdo con cifras oficiales, ha derivado en el retiro de más de 490 dispositivos irregulares tan solo en 2025 y en lo que va de 2026.
La iniciativa, en términos generales, resulta positiva. Sin embargo, su impacto real dependerá de algo más que reformas legales: de que las instancias responsables decidan ir más allá del simple decomiso y comiencen a explotar, en serio, los recursos técnicos y de inteligencia que con frecuencia se presumen desde el discurso oficial.
Retirar cámaras es una acción visible; identificar a quienes las instalan y las operan, en cambio, es la parte que verdaderamente pondría a prueba la voluntad de las autoridades del Estado.
Porque en seguridad no basta apagar cámaras: lo urgente es saber quién controla la mirada, quién la financia… y quién la permite.