La austeridad del Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 deja a Tamaulipas y sus 43 municipios ante un reto mayor: administrar eficientemente unos recursos cada vez más limitados.
En un contexto donde el sector salud sufre recortes significativos, particularmente en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud, el panorama no es alentador.
Sin embargo, más allá de lamentar lo que no llegará, es momento de exigir una gestión transparente, eficiente y honesta del presupuesto que finalmente pertenece a la sociedad.
El gobierno estatal y los ayuntamientos deben alinearse en la misma sintonía. Es imperativo evitar malgastar el dinero en proyectos superfluos o redirigir recursos hacia intereses de grupos políticos que operan bajo el disfraz de compromisos partidistas.
No es un secreto que áreas como adquisiciones, contratos de obra pública y asignaciones específicas suelen ser espacios fértiles para el beneficio de unos cuantos, perpetuando la corrupción.
Por otro lado, el presupuesto federal sigue apostando recursos significativos para mantener a flote a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), dos empresas que se han convertido en lastres financieros.
Su inoperabilidad, sumada a las enormes cargas de adeudos y la falta de modernización, representa un obstáculo para que esos recursos sean destinados a áreas de mayor impacto social, como salud o educación.
Tamaulipas, siendo un estado clave en el sector energético, resiente esta falta de resultados tangibles en términos de inversión productiva y generación de empleos.
A esto se suma el uso político de los programas sociales. Aunque son herramientas esenciales para combatir la pobreza y la desigualdad, su distribución ha pasado a ser la base de un clientelismo que refuerza los intereses partidistas.
Los recursos destinados a estas transferencias directas podrían tener un impacto más amplio si se complementaran con estrategias que impulsen el desarrollo sostenible; pero en su forma actual no logran romper el ciclo de dependencia económica en las comunidades más vulnerables.
Ahora es cuando el gobernador Américo Villarreal, los senadores, los diputados federales y los alcaldes, deben hacer un frente común para gestionar la llegada o la adecuación del presupuesto.
Es crucial garantizar más recursos para el próximo año y adoptar una postura como políticos y funcionarios que vaya más allá de una actitud de simple apoyo al gobierno federal.
Hoy más que nunca, Tamaulipas necesita gobiernos locales que prioricen el bienestar colectivo sobre los intereses personales.
Porque, cuando el dinero escasea, la única solución viable es que cada peso cuente y se traduzca en beneficios tangibles para todos.