Nuevamente la fuerza destructiva con que operan las organizaciones criminales en Tamaulipas quedó de manifiesto cuando el pasado jueves una camioneta de la Comisión Nacional del Agua sufrió destrozos por una mina terrestre en una zona rural de Río Bravo, colindante con Reynosa. Trascendió que empleados de la dependencia federal supervisaban la operación del Canal Rhode de riego, cuando la unidad detonó el artefacto explosivo.
Lo anterior evidencia el nivel de sofisticación y peligrosidad de la delincuencia organizada. Esta situación no solo representa un desafío para la seguridad pública, sino que también podría derivar en una presión internacional para que México adopte estrategias más contundentes, con el riesgo de una mayor intervención extranjera en asuntos de seguridad nacional.
El hecho de que grupos criminales empleen tácticas propias de conflictos bélicos plantea la necesidad de que las autoridades refuercen sus estrategias de seguridad.
En respuesta las autoridades estatales, a través de Facebook exhortaron a la población: “Si detectas un objeto sospechoso repórtalo al 911” y dos imágenes con recomendaciones de un protocolo de seguridad.
La postura del Gobierno de Tamaulipas al reconocer las minas dejadas por la delincuencia organizada como un "riesgo latente para la ciudadanía" es un paso importante en términos de visibilización del problema. Sin embargo, plantea varias interrogantes críticas:
La presencia de estos artefactos es un reflejo de la violencia sostenida en la región, lo que sugiere que las estrategias de seguridad no han sido lo suficientemente efectivas para prevenir su uso y proliferación.
Las minas no solo representan un peligro físico, sino que también impactan la actividad económica, como la agricultura y el comercio, limitando el desarrollo de comunidades enteras.
Se requiere un trabajo conjunto entre fuerzas federales, estatales y municipales, además del involucramiento de organismos especializados en la detección y eliminación de explosivos.
Definitivamente, reconocer el problema de las minas terrestres es solo el primer paso, pero sin acciones contundentes, la percepción ciudadana seguirá inclinada hacia la desconfianza y la falta de credibilidad en las autoridades de los tres órdenes de gobierno.