Al Presidente Andrés Manuel López Obrador le encanta controlar a los contrapesos, es decir a las instituciones que no le dan la razón en todo, como el Poder Judicial y en concreto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y como no lo pudo hacer vía la designación de los Ministros y ya no le queda tiempo para seguir intentando esa vía, optó por el camino de estrangular el presupuesto del Poder Judicial, al reducirlo de manera drástica vía el Congreso de la Unión.
La bancada de MORENA ha adelantado que está pensando en recortar cerca del 32% del presupuesto total anual del Poder Judicial, cuando el principal destino de ese presupuesto es salarios, infraestructura y operación de juzgados, por lo que el recorte implicaría cierre de juzgados y despido de personal, además del hecho de que ya no se podría crecer la capacidad instalada, sino por el contrario reducir.
Es la forma del Presidente de presionar al Poder Judicial para que se pliegue a su voluntad, como lo hizo con el INE y otros órganos autónomos en los años pasados, sin importarle que precisamente la función del judicial es ser un contrapeso del poder presidencial y del legislativo, es actuar con imparcialidad y en apego a las normas, pero eso no le gusta al mandatario.
El Poder Judicial tiene muy poco margen de maniobra en cuanto al presupuesto, quizá se podrían plantear algunos recortes en cuanto a salario u otros gastos, pero difícilmente llegarán al 32% sin afectar la capacidad de operación, es por eso que la vía que se prevé será la de recurrir al propio Poder Judicial para una solución.
Por tal motivo el Poder Judicial tendrá que decidir si es legal o no, los recortes que se están llevando a cabo, lo cual plantea un conflicto de interés ya que ellos decidirán sobre lo que los afecta directamente, pero no existe otra instancia que pueda dirimir el problema de manera imparcial, por lo que se antoja un proceso largo y lleno de jaloneos entre los tres poderes federales.