Diego Rivera Navarro llegó a la alcaldía de Tequila, Jalisco, prometiendo poner el ejemplo a la hora de gobernar y dos años después se encuentra preso, acusado de extorsionar a las empresas con sede en su municipio y envuelto en una trama de complicidades con el Cártel Jalisco Nueva Generación, al cual supuestamente le debía entregar 40 millones de pesos al año, derivado de compromisos previos, que seguramente tuvieron que ver con el apoyo en las elecciones.
Esto nos muestra el peor lado de la política en México, pero lamentablemente el caso de Diego Rivera no es un hecho atípico o aislado, sino que es bastante común, basta recordar, por ejemplo, la colusión de José Luis Abarca con los Guerreros Unidos en Iguala, Guerrero o de Hilda Araceli Brown, ex alcaldesa de Rosarito, Baja California, acusada de formar parte de la red de protección del Cártel de Sinaloa.
Casos como los citados son bastante públicos, pero lo más peligroso son los que se mantienen por debajo del agua, es decir, muchos alcaldes que se han entregado por completo a una organización criminal, que la dejan operar libremente en su territorio y que los medios no han cubierto con suficiencia.
Y lo peor del asunto es que ni siquiera sabemos cuántos son a ciencia cierta los municipios que se encuentran en dicha situación, pero queda claro que son bastantes.
En todos los partidos y en la mayor parte de las entidades podemos encontrar casos, lo que nos permite deducir que no se trata de un fenómeno exclusivo de alguna fuerza política o de alguna región en particular, sino que es un fenómeno altamente extendido, pero sobre todo poco atendido.
La Operación Enjambre ha servido para identificar algunos casos de alcaldes corruptos y llevarlos a la justicia, pero se requiere una figura jurídica parecida a la que tienen en Italia para disolver los gobiernos de aquellos municipios que han sido infiltrados por la mafia, es decir, un mecanismo que permita limpiar de fondo y no solo quitar a los alcaldes.
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