La semana pasada el Presidente Andrés Manuel López Obrador invitó a Palacio Nacional a cenar a varias decenas de empresarios de todo el país, a los cuáles les pidió comprar boletos para una rifa de terrenos y dinero en efectivo, planteando una cooperación mínima de 20 millones de pesos por persona, dinero que se utilizará para construir una presa en Sinaloa.
Ante esta situación caben muchas preguntas; ¿Por qué los empresarios deben dar dinero para la construcción de una presa?
¿Es correcto que el Gobierno exija a los empresarios contribuciones adicionales a las fiscales? ¿Cualquier solicitud, aunque se diga voluntaria, hecha por el Presidente, no implica ya una presión cercana a la extorsión?
Después de todas las veces que el Presidente ha despotricado contra el empresariado, tildándolos de corruptos, traidores, conservadores, fifís, de mafia del poder, entre otras cosas, no veo a ningún empresario que se vaya arriesgar a decirle al Presidente que no va a cooperar, mejor dar de mala gana el dinero y llevar la fiesta en paz, que desatar la ira presidencial en su contra.
Algunos podrán rebatir que muchos de estos empresarios no pagan los impuestos que les corresponde y que es una forma de obligarlos a contribuir al país, o bien, que algunas de sus fortunas se han hecho más grandes gracias a la corrupción y a beneficios que han recibido del gobierno fuera del marco de la ley.
Y en ambos casos tienen razón, varios de estos empresarios se han beneficiado de la corrupción y evaden impuestos, pero ante ello la solución no es obligarlos a comprar boletos de rifas, sino hacerlos que paguen las contribuciones que les tocan y si obtuvieron dinero de forma indebida investigarlos y castigarlos, ese es el camino legal y correcto.
Lo que sucedió en Palacio Nacional fue una extorsión, el Presidente utilizó indebidamente su posición para sacar dinero de actores privados para sus proyectos y ello es indebido, ojalá no se institucionalicen estas prácticas que se alejan del estado de derecho.
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