Hace cinco días en Argentina aprobaron una reforma que además de polémica, ha causado revuelo en muchas partes: reducir la edad penal de 16 a 14 años para delitos graves como el homicidio.
En caso de aprobarse en el Senado, esta nación abriría el debate seguramente en otros países, donde la delincuencia parece no entender ya de edades o códigos.
El domingo tomamos el tema en Cambios, en una mesa con especialistas y autoridades; algunas de las conclusiones son interesantes.
Hay algo que no estamos queriendo ver en Nuevo León: el crimen organizado ya no solo disputa territorios, ahora disputa adolescencias.
Hoy hay 52 menores internados en un Centro de Atención por delitos graves, muchos de ellos por portar armas de uso exclusivo del Ejército o por estar relacionados con homicidios.
No son cifras aisladas, sino alertas que parpadean frente a un Estado que, aunque presume avances, va tarde si hablamos de la prevención.
Desde 2019 a la fecha, el Poder Judicial acumula 2 mil 626 carpetas judicializadas contra adolescentes. En 2019 fueron 590; bajaron ligeramente en pandemia; pero en 2025 volvieron a subir a 505. No es una explosión, pero tampoco es una casualidad. Es una tendencia que se mantiene y preocupa.
El reclutamiento existe. Los grupos delictivos están ofertando pertenencia, dinero y estatus a jóvenes que no encuentran eso en la escuela, en su casa o en su colonia.
Mientras algunos ven series que romantizan al narco y escuchan canciones que lo glorifican, otros viven violencia familiar, abandono, deserción escolar y consumo de drogas.
Pero más allá de endurecer penas o reducir la edad penal, los expertos coinciden en que falta educación, oportunidades reales para los jóvenes; seguridad con presencia y cercanía en colonias y escuelas.
Porque cuando un adolescente elige una pistola antes que un cuaderno, no falló solo él, lo hicieron sus padres, las autoridades y la sociedad en general.
Fallamos todos.
Que la vida le sonría y hagamos lo que nos toca.