De los pueblos indígenas casi siempre se habla en tercera persona. Incluso los discursos que salen en su defensa suelen hacerlo desde la distancia gramatical con que se habla de aquello que se concibe como “otro”, lo que durante siglos ha sido definido como distinto y que, crucialmente, no es “como uno”.
Este domingo, Enrique Krauze publica un texto en el que repasa diversas corrientes indigenistas a las que evalúa con respecto a la comprensión, el estudio o la defensa que hacen de “el indígena” o “el indio”, usando un término lastimosamente clásico. Krauze ubica la política del presente gobierno dentro de lo que llama “indigenismo demagógico”, una moda que utiliza la imaginería prehispánica con fines políticos y que, en sus palabras, “no comprende ni defiende al indígena actual”.
La acusación de Krauze, sin embargo, está basada ella misma en demagogia. El texto, con referencias históricas selectivas y pretendidamente cultas, es un ejemplo de demagogia de élite: ese discurso de los sectores ilustrados que, con un lenguaje sofisticado, hace pasar por opiniones especializadas lo que no son más que prejuicios en los que sustentan su defensa del antiguo orden institucional. Para sostener su dicho, el ingeniero Krauze tuvo que ignorar, deliberadamente, cuatro grandes piezas de evidencia que contradicen su aseveración:
1. La reforma al artículo 2
Propuesta por Andrés Manuel López Obrador, y aprobada en septiembre de 2024, esta reforma se consultó en 54 foros con la presencia de más de 27 mil autoridades y representantes indígenas. El nuevo artículo 2º reconoce a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
Esto implica que el Estado reconoce su capacidad de manejar recursos públicos y la legalidad de sus sistemas normativos. Por primera vez, los pueblos indígenas pasaron de ser entes tutelados por el Estado a constituirse en agentes de sus propias decisiones. Cuando Krauze afirma que “no somos ya un país de leyes ni de instituciones”, se permite el lujo de la ignorancia ilustrada: desconocer un cambio constitucional de esta magnitud como si se tratara de simple cosmética, y sin reconocer su génesis en los Acuerdos de San Andrés Larráinzar de 1996.
2. El Fondo Faispiam
En el gobierno de la presidenta Sheinbaum se instauró el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (Faispiam), que entrega recursos directamente a las comunidades. Sólo durante su primer año, el Fondo entregó más de 12 mil millones de pesos para obras acordadas por las propias comunidades. El Faispiam es la prueba de que la reforma constitucional no es meramente declarativa sino que se implementa en políticas públicas concretas.
3. Los planes de justicia
Irónicamente, mientras Krauze pulía su columna, la presidenta Claudia Sheinbaum se encontraba en Sonora con las autoridades de los pueblos Yaqui y Comca'ac, revisando los avances de sus respectivos Planes de Justicia. Estos consisten en un diálogo “de gobierno a gobierno”, entre autoridades comunitarias y dependencias federales y estatales, para establecer agendas de desarrollo, restitución de tierras y marcos integrales de reparación que parten del reconocimiento de la deuda histórica que mantiene con estas comunidades el Estado Mexicano. A la fecha hay 21 planes activos en el país. Esta dinámica dista mucho del viejo indigenismo que dictaba medidas desde los escritorios sin tomar en cuenta los diagnósticos y las propuestas de los pueblos mismos.
4. Reducción de la pobreza
El cambio de paradigma ha tenido resultados medibles. Según datos de pobreza multidimensional del Inegi 2024, en 2016 el porcentaje de población hablante de lenguas indígenas en pobreza era de 78.6 por ciento. Para 2024, esta cifra bajó a 66.3 por ciento, una reducción de más de 12 puntos. Aunque la pobreza sigue afectando proporcionalmente más a esta población —fruto de siglos de despojo—, la tendencia a la baja es indiscutible.
En suma, nadie niega que el “indigenismo demagógico” caracterizó a los discursos del poder en varias etapas de la historia. Sin embargo, ni remotamente se puede calificar con ese mote al gobierno actual. La política reciente, instaurada desde el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y continuada y reforzada por la presidenta Sheinbaum, ha tenido un sello completamente distinto, factual y no meramente discursivo.
Hay ciertamente en el actual gobierno un uso de símbolos que exaltan la ética y la estética de los diversos pueblos indígenas del país, en sustitución de los viejos modelos de aspiración que consideraban que seríamos un país más moderno y más desarrollado en tanto más nos pareciéramos a Estados Unidos o a Europa.
Es a esos modelos que Krauze dedica un suspiro nostálgico cuando dice que “en un país de leyes la pertenencia no se define por una raíz étnica y que sólo una mínima parte de la población actual podría reclamar”. Olvida con ello que la agencia política de los pueblos indígenas no depende de su conformación numérica, sino del resarcimiento de una deuda histórica. El gobierno actual ha establecido un diálogo que implica no hablar de los pueblos indígenas, sino con los pueblos y comunidades, de igual a igual, reconociendo con hechos y no sólo con discursos su contribución fundamental a la riqueza de la nación mexicana.