Los críticos del Presidente están en una encrucijada: no saben cómo reaccionar a su política social y no reconocen los apoyos como lo que son, derechos; tampoco le dicen a la gente cómo fue que llegaron a ser tales... y no es gracias a ellos
La oposición tiene una relación complicada con los programas sociales. Un día se opone a aprobarlos como derechos constitucionales, otro día su candidata firma con sangre que los respetará si llega a la Presidencia; unos días después uno de sus voceros afirma que los programas no podrán seguir siendo universales, acto seguido la candidata le sugiere al INE que haga una campaña en la que se advierta a los votantes que nadie puede condicionar su permanencia.
No se ponen de acuerdo en si seguirlos llamando “dádivas”, acusarlos de “clientelares” o defenderlos férreamente como derechos ganados. Acusan un supuesto uso político de los apoyos sin proporcionar una sola prueba. Un columnista publicó que “(los) servidores de la nación utilizan los programas sociales de gobierno para convencer, amenazar o amedrentar a los votantes con que perderán sus apoyos económicos si no votan por el partido oficialista”, ignorando convenientemente que la bancarización creció de 44 por ciento en 2019 a 97 por ciento en 2023 y ahora se puede decir que la totalidad de los beneficiarios cobran sus apoyos de manera directa a través de la dispersión bancaria.
En México, unos 25 millones de hogares reciben al menos uno de los programas sociales que asignan transferencias monetarias directas. Unos doce millones de personas de 65 años y más reciben la pensión de adultos mayores, que a partir de este año entrega a cada beneficiario 6 mil pesos bimestrales. Aunque es el programa más conocido y con mayor aprobación entre la población, es apenas uno de los 30 programas prioritarios de desarrollo social implementados desde el gobierno de López Obrador. Siete de estos consisten en la transferencia directa de recursos: programa de apoyo para el bienestar de niñas y niños hijos de madres trabajadoras, becas para el bienestar Benito Juárez (BBBJ), producción para el bienestar, jóvenes construyendo el futuro, pensión para personas con discapacidad, pensión universal para personas adultas mayores y Sembrando Vida.
Es innegable que la política social, incluyendo la política laboral, ha sido la más exitosa de este sexenio, y sin duda la más exitosa en un largo trecho de la historia reciente. Juntos, los programas sociales, los proyectos de infraestructura y el aumento al salario mínimo lograron sacar de la pobreza a más de cinco millones de personas.
Hasta hace poco, el grado de aprobación del Presidente, que actualmente ronda 73 por ciento, le parecía inexplicable a los intelectuales y analistas de oposición que, desconcertados, se ocuparon de elaborar explicaciones psicologistas abigarradas para tratar de entender la realidad que tenían enfrente. La popularidad de AMLO, para ellos, solo podía tratarse de un fenómeno irracional, basado en emociones o en impulsos inconscientes de una masa manipulada y se resistieron, por ceguera autoinfligida, a aceptar la explicación más lógica y simple: que la gente ve mejoradas sus condiciones de vida o las de sus familiares cercanos y en consecuencia aprueba la manera de gobernar del Presidente.
Apenas a unos meses de las elecciones, parecen por fin reconocer lo que el Presidente ha dicho una y otra vez, y que recién repitió en la entrevista concedida al programa 60 minutos: la reportera le recuerda a AMLO que, para sus críticos, su popularidad se debe a que les da dinero a las personas. Y López Obrador no lo niega: “Pues que en parte tienen razón, la fórmula es sencilla: es no permitir la corrupción, no hacer un gobierno ostentoso para los lujos y todo lo que ahorramos destinarlo al pueblo”. La política es bien conocida y largamente esperada: se trata, simplemente, de redistribución.
Pero la oposición, en su desconcierto, no sabe cómo reaccionar, ni siquiera sabe cómo llamar a esa política social. Por un lado, los opositores saben que seguir hablando de dádivas y clientelas les traerá la antipatía de los millones de beneficiarios que reciben sus apoyos y los consideran derechos. (Antipatía, por cierto, no gratuita, pues en la memoria reciente todavía destaca el hecho de que, en marzo de 2020, ninguno de los diputados del PAN votó a favor de elevar los programas sociales a rango constitucional, ninguno). Por otro lado, no pueden reconocer los apoyos como lo que son: derechos, sin al mismo tiempo recordarle a la gente cómo fue que llegaron a ser tales —ciertamente no gracias a ellos—.
La oposición está en una encrucijada. Por eso ahora se defiende de las acusaciones, bien fundadas en hechos y discursos, de que, si regresan al gobierno, son capaces de revertir la política social contra la que se han pronunciado vehementemente en tantas ocasiones. Quieren que el mismo INE “blinde” los programas sociales de un supuesto uso electoral. Al mismo tiempo, saben que en su desprecio manifiesto por esos programas se gestó la semilla de su próxima derrota.