La sociedad mexicana tiene una relación ambivalente con su comunidad científica. Por un lado, se le considera ensimismada, alejada de los problemas sociales reales y absorta en investigaciones inaccesibles para la gente común, tanto por su complejidad como por su lenguaje abigarrado. Por otro lado, la profesión académica es una de las más respetadas por el público nacional. La última Encuesta Nacional de Percepción Pública de la Ciencia (Enpecyt), levantada a finales de 2017, reporta que los empleos que generan mayor confianza entre los mexicanos fueron los de bombero (59.5 por ciento calificaron a esta profesión con 10 en términos de respetabilidad), inventor (48.4 por ciento), enfermera (41.5 por ciento) e investigador (34.6 por ciento). Compárese estos porcentajes con los obtenidos por la profesión de banquero (8.9 por ciento) o abogado (4.1 por ciento).
Si bien estos datos tienen ya casi diez años —pues no se ha levantado desde entonces una encuesta de este tipo—, es poco probable que esta percepción positiva haya ido a la baja: en Estados Unidos, según una encuesta similar, el efecto de la pandemia trajo un incremento en la confiabilidad de los científicos, de modo que la gente que declaró tener alta confianza en ellos pasó de 24 por ciento en 2016 a 39 por ciento en 2021. En suma: la de las personas dedicadas a la investigación científica es una profesión que, por un lado, se conoce poco y se considera ajena, pero al mismo tiempo, y de manera paradójica, se concibe como altamente confiable y respetable.
El pasado 15 de abril, la presidenta Claudia Sheinbaum presentó, en su conferencia matutina, a un grupo de científicos y científicas especialistas en geología, manejo de agua, química industrial, hidrocarburos, geomecánica, física de suelos y contaminación atmosférica, entre otros temas. El propósito es que este grupo emita una recomendación basada en evidencia científica rigurosa y actualizada sobre la viabilidad de explotar el gas natural de yacimientos no convencionales, considerando que ello pudiera aminorar la dependencia nacional de los hidrocarburos importados.
La tarea encomendada no es fácil, porque las técnicas de extracción de este tipo de yacimientos, como el llamado fracking, están comprobadamente asociadas con daños ambientales. Algunos científicos y tecnólogos, en consecuencia, rechazan la práctica, mientras que otros argumentan que existen técnicas novedosas que podrían volver esta explotación más costo-efectiva. Lo que está en la balanza es, por un lado, la soberanía energética de México y, por otro, los posibles daños socioambientales. A la par se explora la posibilidad de incrementar la producción de energía de fuentes renovables.
El resultado de los estudios y la recomendación los conoceremos en dos meses, el plazo que dio la Presidenta al grupo de especialistas provenientes de la UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Instituto Mexicano del Petróleo, la Universidad Autónoma Metropolitana, la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), entre otras instituciones.
La conferencia matutina del 15 de abril fue, en palabras de la propia Presidenta, “un ejercicio inédito de incorporar a la academia, a las universidades de nuestro país a las y los investigadores de estos temas para que nos ayuden a tomar la mejor decisión posible”. Sin embargo, no es la primera vez que la Presidenta recurre a especialistas para tomar decisiones basadas en evidencia científica. También congregó a académicas y académicos para conformar un Observatorio Permanente del Golfo de México, que monitoreará eventos meteorológicos extremos y derrames de hidrocarburos, y en la misma conferencia del 15 de abril reveló que está estudiando estrategias de política industrial con un grupo de especialistas de la Facultad de Economía de la UNAM.
Ya desde su gestión como jefa de Gobierno de Ciudad de México fue bien conocida su práctica de consultar a la comunidad científica para resolver problemas, desde las estrategias de mitigación de la pandemia hasta el estudio de los microsismos que sorprendieron a la ciudad y que, según se descubrió, se originaron en una falla geológica que atraviesa por varias alcaldías del poniente.
En suma, lo que vimos el 15 de abril no fue una solución aislada, sino un modo de gobernar que se va consolidando de manera más evidente como el sello de la presidenta Sheinbaum: fiel a su formación y oficio, confía en el criterio de los científicos, les convoca y consulta, y los toma en cuenta para formarse opiniones y tomar decisiones.
El sello es afortunado, no sólo porque el método científico es una manera confiable de obtener certezas, sino porque aprovecha un activo de la sociedad mexicana, que es la confianza en sus académicos. A la vez, puede arrojar un resultado inesperado, pero largamente anhelado: acercar a la comunidad científica a la sociedad, teniendo como puente la resolución de problemas prioritarios para el país y construyendo en ese camino un lenguaje común que nos muestre que la ciencia no es ajena y que el conocimiento se multiplica cuando se comparte.