La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha incurrido en desacato, porque no ha cumplido con una sentencia que está firme y que le ordena, entre otras cosas, pagar más de 3 millones de pesos solo por daño moral a cada uno de los miembros de una familia que perdió a su hijo durante el incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora.
Lo anterior consta en el acuerdo de no cumplimiento de sentencia firmado por el juez Víctor Octavio Luna Escobedo, titular del juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, quien advirtió a las autoridades de la CEAV que el desacato al fallo puede derivar en un delito que se puede perseguir aun cuando llegaran a dejar el puesto que ocupan.
En el documento judicial al que MILENIO tuvo acceso y que es el único juicio que ha sido ganado de manera definitiva por una familia de la guardería ABC contra la CEAV, el juez manifestó que la procedencia y cuantificación de la medida de compensación por concepto de lucro cesante y daño patrimonial no ha sido cumplida.
Mientras que, en el caso de la indemnización económica, la CEAV solo la realizó de forma parcial, porque “de los informes médicos (de los padres) se advierte que estos no padecen únicamente afectaciones psicoemocionales, sino que están reportados trastornos físicos que son causa del hecho victimizante, tales como fibromialgia, deterioro cognitivo leve e hipotiroidismo en el caso de la madre de la víctima directa, y migraña, en el caso del padre”.
Por tanto, al estar demostrados los daños físicos sufridos por las víctimas indirectas del caso y no ser cuantificadas, el juzgador manifestó que se incumple con parte del tercer efecto de la ejecutoria de amparo.
Respecto a la reparación del daño, abundó el juzgador, éste está cumplido de forma parcial, ya que el cálculo que realizó la CEAV es menor al que fijó en 2017 el entonces comisionado ejecutivo de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín, monto que superaba en más de 3 millones de pesos por cada miembro de la familia.
Luna Escobedo subrayó que “bajo ninguna circunstancia las cantidades determinadas inicialmente podrían ser inferiores a las calculadas inicialmente”.
La resolución derivó porque el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa modificó el fallo del juez y ordenó el cumplimiento de la sentencia.
En su resolución, el Tribunal señaló que el derecho fundamental de las víctimas a ser reparadas de manera integral por los daños cometidos en su contra no puede tener el carácter de renunciable, ni se puede ver restringido por las necesidades económicas.
“Es decir, el hecho de recibir una compensación o algún otro monto indemnizatorio no se traduce en un consentimiento expreso que impida cuestionar su adecuada cuantificación e integración para el caso concreto”, apuntó.
Corte discute uno de dos amparos
Hoy, la Primera Sala Suprema Corte de Justicia de la Nación discutió uno de dos amparos que impugnó la CEAV contra las sentencias que han favorecido a otros padres de familia, relacionados con la concesión de medidas de reparación integral.
El ministro ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá reconoció que las víctimas tenían razón en sus alegatos y se violaron sus derechos, pero la Sala ordenó que el asunto se devolviera al juzgado de origen, porque el juez en materia penal que tuvo el asunto, no era el competente para revisarlo. Es decir, el caso de esta familia tendrá que iniciar de origen para que puedan reclamar una indemnización.
El otro juicio quedó en lista y tiene que ver con una madre que perdió a su hija. La mujer reclama un monto mayor, porque la CEAV solo le ha ofrecido 750 mil pesos, mientras que, a la hermana de la niña, propuso otorgarle 450 mil pesos.
El 5 de junio de 2009, se suscitó un incendio en la guardería que dejó un saldo de 49 niños muertos y más de cien heridos que hoy en día padecen secuelas derivadas de la conflagración.
bgpa