Eran las 23:30 del miércoles 10 de febrero de 2016. El silencio y una tenue iluminación imperaban en la vieja prisión del Topo Chico.
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Pero de pronto, de un instante a otro, aquella tranquilidad y aquel silencio se convirtieron en tensión, en ruidos y exclamaciones de dolor.
Comenzaba a gestarse el más grave incidente de violencia jamás registrado en México en un centro penitenciario.
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Durante los últimos minutos del miércoles y las primeras horas del jueves 11 de febrero, decenas de reos invadieron en forma violenta las celdas de otros, lo que generó en una pelea campal que se extendió hasta una cancha, a cielo abierto.
Allí se golpearon mutuamente y en forma brutal con pedazos de madera y barrotes, además de inferirse heridas con puntillas y pedazos de metal afilados.
Al final de la agresión las autoridades contabilizaron 49 presos fallecidos y 12 más lesionados, cinco de ellos de gravedad.
El Gobierno no informó del incidente sino hasta después de casi ocho horas, cuando el titular Jaime Rodríguez dio a conocer las cifras oficiales.
Según las investigaciones, la matanza se originó a raíz de las disputas entre dos bandos de un mismo grupo delincuencial, que peleaban el poder dentro de la penitenciaría.
Los grupos antagónicos los encabezaban dos delincuentes, identificados como Iván Hernández Cantú, alias 'El Credo', y Juan Pedro Saldívar Frías, 'El Zeta 27'.
Curiosa, extraña y paradójicamente ni 'El Credo' ni 'El Zeta 27' resultaron con un sólo rasguño, y horas después del enfrentamiento ambos fueron llevados a distintos penales fuera de Nuevo León.
Funcionarios al penal
Al paso de los días y de las investigaciones, la Procuraduría estatal dio a conocer la captura de la directora del penal, del comisario de la Agencia de Administración Penitenciaria, y del subdirector del reclusorio.
Gregoria Salazar Robles, Fernando Domínguez Jaramillo y Arturo Bernal González, enfrentan actualmente acusaciones por abuso de autoridad y homicidio calificado.
Recluidos en distintos penales del país, están vinculados a proceso y esperan la resolución de juicios de amparo.
El miércoles de la presente semana y a casi un año de su detención, Domínguez Jaramillo exigió su libertad y también la de sus coacusados, atendiendo a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales.
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En uno de sus ordenamientos, dicha Ley precisa ese tiempo de prisión, un año, para un procesado que no fuera sujeto a juicio final en ese lapso.
Su defensa pidió también que se cite al secretario de Seguridad de Nuevo León, Cuauhtémoc Antúnez, para que aclare algunos puntos en torno a los procedimientos.
Hasta ahora las autoridades no han informado con precisión el tipo de cargos penales por la citada masacre, que pesan en contra de 'El Credo' y 'El Zeta 27'.
Junto con 23 cómplices, el primero de ellos fue detenido en noviembre de 2012, como integrante de una célula del crimen organizado, acusado de asesinar a 48 personas.
Gregoria Salazar Robles, ex directora del penal.
Desde su ingreso al Topo Chico asumió el control interno, ordenó el cobro de 'cuotas' a los reos y golpizas contra quienes no pagaran.
'El Zeta 27' fue capturado en octubre de 2013 en San Nicolás, señalado como líder de la misma agrupación en el norte de Tamaulipas.
Estuvo preso en el penal de Matamoros, de donde lo trasladaron a Monterrey en noviembre de 2015. Desde los primeros días en la vieja penitenciaría intentó tomar el mando, lo que generó las disputas.
MZ