Abogado de víctimas de L12 rechaza que 80% de afectados haya firmado acuerdo reparatorio

Explicó que la fiscal se refirió a las 66 víctimas señaladas en la audiencia de imputación, y no tomó en cuenta a las más de 120 personas que perdieron la vida y resultaron lesionadas.

Cristopher Estupiñán sostuvo que las familias que representa no aceptarán un pago unilateral. (Juan Carlos Bautista)
Gaspar Vela
Ciudad de México /

El representante legal de al menos 20 víctimas del desplome de la Línea 12 del Metro, Cristopher Estupiñán, rechazó que el 80 por ciento de los afectados por el derrumbe hayan firmado un acuerdo reparatorio, como lo aseguró la fiscal de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos.

En entrevista para MILENIO, el abogado explicó que Godoy Ramos se refirió a las 66 víctimas señaladas en la audiencia de imputación, y no tomó en cuenta a las más de 120 personas que perdieron la vida y resultaron lesionadas, en la tragedia registrada el tres de mayo de 2021.

“Serían las que están sujetas a este acuerdo reparatorio que menciona la fiscal, entonces pues son números no necesariamente ciertos, maquillados.

Entonces el 80 por ciento que se refiere ella es sólo de 66, porque del resto no tienen expedientes completos ni elementos suficientes, o decidieron no imputar ni subirlos al barco, porque supuestamente su lesión tardaba menos de 15 días en sanar”, detalló.

Cristopher Estupiñán sostuvo que las familias que representa no aceptarán un pago unilateral sin una discusión jurídica o una negociación, como pretende la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de la Ciudad de México, que encabeza Armando Ocampo.

“Él es el que está intermediando la firma de los acuerdos y quien tiene el control de esa parte, entonces las han buscado para insistirles en que renuncien a la asesoría jurídica, y les presenten ahí la propuesta unilateral y propuesta final, por supuesto sin posibilidad de negociar”, argumentó.

El abogado destacó que la CEAVI ofrece a las víctimas un acuerdo muy por debajo de lo que marca la ley.

“No hay ninguna razón por la cual si los antecedentes legales, en casos de daño moral y responsabilidad civil, como lo es éste, nos dicen que el estado puede ser condenado de 20 millones a 30 millones de pesos por ofrecimiento, y en lo mismo una persona moral privada con esas cantidades, como por qué no estás considerando eso en una negociación. Estás ofertando cantidades compensatorias que son hasta 10 veces menores a lo que los antecedentes jurídicos pudieran llegar a dar la razón”, precisó.

Estupiñán agregó que sus representados tienen la puerta de la Fiscalía de la Ciudad de México cerrada, al ser una complicación dijo, de su resultado político.


DMZ

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