La Barra Mexicana de Abogados (BMA) solicitó al Poder Ejecutivo, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, dejar sin efecto el acuerdo presidencial que declara de interés público y de seguridad nacional las obras públicas federales, porque, dijo, es inconstitucional.
Al respecto, el constitucionalista Miguel Carbonell, así como el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, y el ex procurador general de la República, Ignacio Morales Lechuga, también calificaron de inconstitucional dicho acuerdo.
La BMA aseguró que éste es “ilegal” y “deficiente”, además de que contiene una “incorrecta fundamentación constitucional”.
“Manifestamos nuestra preocupación por el atentado al orden jurídico nacional”, detalló la Barra Mexicana de Abogados, misma que enlistó una serie de violaciones que se comenten con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).
Entre éstas, que se viola la división de poderes porque pretende imponerse indebidamente sobre las leyes emanadas del Congreso de la Unión, además de disposiciones en materia de competencia económica en tanto que genera una competencia desleal y viola las disposiciones en materia ambiental, particularmente el derecho humano al medio ambiente, la autorización previa en materia de impacto ambiental y disposiciones sobre el desarrollo sustentable
También trasgrede disposiciones en materia de debido proceso, así como en materia de consulta previa, tanto ambiental, como indígena y otros procesos sociales y agrarios, además de derechos humanos.
El constitucionalista Miguel Carbonell señaló que el acuerdo es “claramente” inconstitucional.
"El decreto publicado ayer en el DOF en el que se sacan de la manga un concepto de 'seguridad nacional', del todo desconocido. Parece un paso claro hacia el autoritarismo”, escribió en su red social de Twitter.
El ministro en retiro de la Corte, José Ramón Cossío Díaz, señaló: “Este decreto del Presidente es evidentemente inconstitucional”.
“Con todo respeto, el acuerdo del presidente no puede blindar las decisiones que se tomen con base en él. Facilitará los amparos por falta de fundamentación y motivación en lo que concretamente se vaya diciendo. Podría tener algún efecto en las suspensiones, pero nada más”, añadió.
A su vez, el ex titular de la Procuraduría General de la República, Ignacio Morales Lechuga, aseguró que dicho decretó favorece la corrupción.
“El decreto de AMLO que declara de interés público y seguridad nacional toda la infraestructura es una política de opacidad de la 4T que favorece la corrupción como se ha denunciado públicamente”, apuntó.
El abogado Gerardo Carrasco y profesor de la maestría en Anticorrupción en la Universidad Panamericana, indicó que, por medio de este decreto, el Poder Ejecutivo pretende desconocer los procesos que indican todas y cada una de las leyes mexicanas para la ejecución de cualquier proyecto de infraestructura.
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