Una menor de dos años con ocho meses de edad fue víctima de feminicidio a manos de su madre y su padrastro, en una colonia al norte de la capital de Querétaro.
De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGE) de Querétaro, los hechos ocurrieron el 30 de junio en la Colonia Las Margaritas, San José el Alto, cuando se recibió un reporte de una niña localizada sin vida al interior de su domicilio.
Se informó que al ver que la muerte tenía indicios de violencia, se realizó de inmediato las investigaciones con perspectiva de género y bajo el protocolo de investigación del delito de feminicidio, para la atención de las y los familiares y del esclarecimiento del hecho, respectivamente.
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Ante los datos recabados por la Policía de Investigación, la falta de coincidencia en las declaraciones del padrastro y la madre, con lo obtenido del procesamiento del lugar del hecho por personal criminalista, la necropsia realizada estableció que le habrían ocasionado lesiones que derivaron en el fallecimiento.
Por este motivo, se realizó la detención de las personas imputadas, a las que por el delito de feminicidio se obtuvo una vinculación a proceso y una medida cautelar de prisión preventiva justificada, por un lapso de tres meses para la investigación complementaria.
En Querétaro, el feminicidio infantil se castiga a través de la llamada Ley Victoria, que contempla más 66 años de prisión a quienes cometen este delito.
Protocolo para juzgar con perspectiva de infancia
El Protocolo para Juzgar con perspectiva de Infancia y Adolescencia es un manual elaborado por la SCJN y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde el 2012; sin embargo, este se reformuló en 2021 por los casos más recientes que involucran a menores de edad.
En su versión más actualizada, el manual consta de 283 páginas divididas en cuatro capítulos que explican cómo se debe de actuar ante un caso en el que los derechos de un menor de edad estén de por medio.
El objetivo del Protocolo es reunir en un sólo documento la normatividad, los criterios de la judicatura y los estándares internacionales que hacen efectivos los derechos de la infancia; convirtiéndose en un referente nacional.
El Protocolo está basado en lo que dicen la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; un nuevo sistema de justicia penal; el prolífico desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte; múltiples estándares internacionales establecidos desde el sistema interamericano; y la emisión de observaciones e informes del sistema universal de derechos humanos.
Para la elaboración del manual se contemplaron las opiniones de los expertos en la materia y las experiencias de personas cuyos derechos fueron amedrentados en el pasado.
Además de: juzgadoras de distintas entidades federativas; integrantes de las procuradurías de protección de niñas, niños y adolescentes y litigantes de organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.
“El Protocolo proporciona una guía de actuación para cada juicio en el que participen directa o indirectamente Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), con el fin de que las personas juzgadoras tengan un instrumento que compile todos los estándares relevantes en la materia”.
RM