De acuerdo con las indagatorias realizadas en el incendio provocado en la Central de Abasto de Toluca, se prevén órdenes de aprehensión en contra de cinco personas presuntamente involucradas en este hecho que dejó nueve personas sin vida, tres de ellos menores de edad, así lo revelaron fuentes cercanas a la investigación.
Todo indica que se encontrarían como sospechosos miembros del personal de la administración de la central y otros elementos de seguridad privada, que se suman a los otros cuatro detenidos el día del incendio.
Con base en las investigaciones que realizan las autoridades, se sabe que había una disputa por un espacio de la zona conocida como La Isla; sin embargo, este lugar originalmente no era para comercio, sino para descarga de mercancías, aunque desde hace varios años se habían instalado vendedores de verduras por menudeo, mismos que después pagaron semanalmente por ocupar el espacio.
De acuerdo con algunos testimonios, la administración pretendía construir locales en esa zona, pero los comerciantes y sus líderes se negaron a dejar el espacio.
Según familiares de las víctimas, recibieron varias amenazas para alejarse, pero no accedieron; incluso, tomaron la decisión de quedarse ahí día y noche para que no les fueran a quitar los espacios de un día para otro, razón por la que ahí se encontraba una familia el día del incendio.
Se tuvo conocimiento de que los comerciantes fueron intimidados en dos ocasiones previas, una de ellas con un falso operativo, donde hombres armados se hicieron pasar por elementos de la FGJEM para desalojarlos y otra con extorsiones; no obstante, los comerciantes ahí permanecieron.
Finalmente, la madrugada del 10 de julio, hombres armados ingresaron a este inmueble y con anuencia de los guardias, realizaron disparos con armas, rociaron gasolina y prendieron fuego para después huir del lugar; el saldo fue de nueves personas fallecidas, seis de ellas eran una familia y entre ellos había tres menores de edad, además de que otra persona también resultó herida.
Los primeros detenidos fueron cuatro elementos de seguridad privada que permitieron el acceso de los autores materiales, no activaron el botón Código C5 ni permitieron el ingreso oportuno de las autoridades, por lo que ellos fueron trasladados al Ministerio Público para rendir declaración y resolver su situación legal.
Sin embargo, todo indica que por estos hechos habrá órdenes de aprehensión en contra de otras cinco personas, entre ellas personal administrativo y otros elementos de seguridad privada por su probable relación con estos hechos.
VRM