Una ex funcionaria que laboraba en la aduana de Manzanillo, Colima, se ha convertido en la pieza clave en la investigación que realizan diversas dependencias federales que indagan la actuación del personal de esta dependencia y del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) en el sexenio pasado.
Funcionarios federales revelaron que la servidora pública, a quien hace un par de semanas se solicitó la renuncia al cargo, presuntamente no permitía que salieran los contenedores de una zona libre de la aduana mencionada.
Lo anterior era, presuntamente, para ganar tiempo y que un despacho que se ostentaba como representante de empresas de marcas importantes solicitara a personal del IMPI su intervención para asegurar la mercancía e imponerle multas altas por supuestamente violar derechos de propiedad intelectual.
Los funcionarios indicaron que se ha documentado también, a través de casos que han llegado al Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa, que un despacho se ostentó como representante de una empresa de marca de renombre, motivo por el cual la compañía inició una disputa para demostrar que al despacho nunca se le extendió un poder notarial.
Como parte de la pesquisa, agregaron, se indagan los movimientos financieros de las personas investigadas por este asunto.
Dejaron en claro que conforme avance la indagatoria se estará en posibilidad de dar parte a la Fiscalía General de la República para que inicie las carpetas de investigación correspondientes, ya que son varias las denuncias que aseguran que algunas mercancías importadas terminaban siendo vendidas por personal de aduanas ante las fianzas altas que se les imponía por parte del IMPI.
Según los denunciantes, la intervención del IMPI ocurría a partir de que un despacho lo alertaba sobre el arribo al país de mercancía sospechosa de violar derechos de propiedad intelectual; a su vez el despacho era alertado por el personal de aduanas.
También se revisa la gestión de Miguel Ángel Margáin González como director del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Los funcionarios explicaron que como parte de esta revisión investigan los conflictos de interés que pudieron haber existido a partir de la llegada de Margáin al IMPI, ya que antes de asumir el cargo fue abogado del despacho Arochi & Lindner, bufete especializado en llevar asuntos referentes a la propiedad intelectual.
Indicaron que el ex director del IMPI se tuvo que excusar de diversos procedimientos, porque fue apoderado o estuvo autorizado legalmente como representante de diversas empresas, además de que fue integrante del mencionado bufete.
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que hay una investigación abierta por la corrupción que imperaba en los puertos.
Claves18 procesos
• Ricardo Peralta Saucedo, titular de la Administración General de Aduanas, afirmó que suman 18 procesos abiertos a funcionarios desleales que trabajan en la zona norte del país por actos de corrupción.
Delincuencia
• Detalló que estos procesos son por sustituir pedimentos aduanales por mercancías ilícitas e incluso relacionados con temas de delincuencia organizada.