María Novoa, coordinadora del Programa de Justicia de México Evalúa, afirma que hay un “colapso alarmante de las instituciones del sistema penal”.
A 11 años de la reforma penal, con la que se buscaba abatir el rezago en la impartición de justicia, actualmente van en aumento los casos que se atascan y no se resuelven.
“Entre 50 y 60 por ciento de los delitos denunciados se nos quedan atorados en la etapa de procuración de justicia, en las sedes ministeriales. Ese es el promedio nacional de casos que no se resuelven, no terminan de ser investigados”, señaló Novoa.
Según la encuesta anual de Victimización y Percepción de Seguridad Pública realizada por el INEGI, en el último año ha habido 33 millones 614 mil víctimas de algún delito, de las cuales solo 6 por ciento presentaron denuncia.
De éstos, que son poco más de 2 millones 31 mil denuncias, se atoran entre 50 y 60 por ciento, es decir aproximadamente entre 1 millón 15 mil y 1 millón 215 mil.
El rezago, sin embargo, no termina ahí. “Los que finalmente sí avanzan y pueden llegar al Poder Judicial se nos atoran 70 por ciento de los casos”.
Eso significa que sumados los rezagos en procuración y en Poder Judicial, casi 90 por ciento de los delitos denunciados se quedan sin resolver.
Los juicios orales, uno de los estandartes de la reforma penal han resentido este atasco: actualmente, una audiencia que se supone debería darse en corto tiempo, se tiene que programar para dentro de uno o dos años. Seis meses en el mejor de los casos.
En el análisis que hace el Programa de Justicia señala que el gobierno ha dejado de poner como prioridad el tema de justicia: “El proceso ha entrado en una fase de descontrol, la implementación de esa reforma está en una situación de ingobernabilidad y eso implica un riesgo: que en vez de fortalecer a las instituciones, se eche para atrás lo que sí se ha conseguido”.