El ex agente de la PGR, Julio César Santamaría Suárez, se volvió un facilitador de equipo de espionaje para políticos y ciudadanos en México y Estados Unidos. Por eso, cuando cayó en manos de autoridades norteamericanas, que ya tenían armado el caso en contra del consorcio con el que trabajó, por lo que fue doblegado en un par de días.
Santamaría entró a la entonces Procuraduría General de la República (PGR) a mediados de 2002 como policía judicial federal, y en 2006 logró ascender al cargo de agente federal de investigación, hasta 2014, cuando dejó el servicio público. Dos años después, según el expediente judicial en su contra, comenzó una operación para vender equipo de espionaje de forma ilegal a políticos mexicanos, así como a ciudadanos de México y Estados Unidos.
En su acuerdo de culpabilidad, del que MILENIO tiene copia, firmado el 24 de enero de 2023, quizá por un error del Departamento de Justicia estadunidense, se lee que tras ser acusado el 7 de febrero del mismo año de un cargo por conspiración para cometer ofensas contra Estados Unidos en la modalidad de intercepción de comunicaciones por cable y electrónicas y venta de equipos de interceptación, al día siguiente, 8 de febrero, llegó a un acuerdo de culpabilidad.
Santamaría fue señalado por conspirar con la empresa Elite by Cargo, del empresario Carlos Guerrero.
Gracias a que se declaró culpable, el gobierno estadunidense acordó no acusarlo por otro cargo de conspiración, junto al dueño de la firma y a uno de sus empleados respecto de otras ventas de equipo de espionaje, por haberse involucrado en el arreglo para la venta de una libra de metanfetamina en San Diego, California, el 6 de noviembre de 2015 por 3 mil 800 dólares (que deberá devolver al gobierno) y no informar de estas actividades criminales a las autoridades migratorias, pues Santamaría solicitó la naturalización en Estados Unidos.
Según el acuerdo, cerca de enero de 2016, Santamaría comenzó a trabajar como intermediario para Elite by Carga, una firma que forma parte de un consorcio de compañías estadunidenses y mexicanas liderada por Carlos Guerrero. Ganaba cerca del 10 por ciento de cada venta que cerraba.
El ex funcionario mexicano estaba consciente de que la firma vendía equipo de espionaje, y que los clientes de la firma eran ciudadanos y políticos mexicanos que buscaban utilizar esas herramientas con fines “privados y políticos.”
Fue en junio de 2017 cuando el ex agente mexicano pidió apoyo a Moreno para obtener de forma secreta apoyo para interceptar las comunicaciones de un teléfono celular en Estados Unidos, a lo que éste aceptó a cambio de un pago. Una situación similar ocurrió en octubre de 2018, cuando Santamaría pidió apoyo para hackear dos cuentas de correo electrónico.
Además, entre 2016 y 2017, Santamaría ayudó a Guerrero y a Daniel Moreno, un empleado de Elite by Carga, para comercializar inhibidores de señal, herramientas de interceptación Wi-Fi, IMSI catchers (antenas para robo de números de identificación celular) y capacidades para hackear mensajes de WhatsApp.
Para ello, Santamaría arregló una reunión en Los Ángeles, California, entre Guerrero, Moreno y el potencial comprador, lo que representaba una conspiración para comerciar entre fronteras ilegalmente equipo de espionaje. La venta se llevó a cabo: se trataba de equipo de firmas de Italia, Israel y otros países.
La trama en la que está involucrado Santamaría estalló en febrero del año pasado, cuando Carlos Guerrero y Daniel Moreno también se declararon culpables de haber vendido equipo de espionaje a gobiernos estatales en México y ciudadanos estadunidenses para vigilar a rivales.
Por ejemplo, en 2014, aceptaron que vendieron equipo de espionaje de una empresa italiana a los gobiernos estatales de Baja California y Durango, los cuales serían utilizados no solamente con fines de investigación judicial, sino también políticos. El gobierno de Durango los tiene registrados como proveedores, así como el gobierno de Baja California, quienes incluso tienen el registro de la adquisición de equipo táctico. Todo esto, durante los gobiernos de Jorge Herrera y Francisco Vega de Lamadrid, respectivamente.
Además, se reunieron con un alcalde del estado de Morelos, quien usó el equipo para acceder a las cuentas de Twitter, Hotmail e iCloud de un rival político. E incluso, emplearon el equipo para interceptar las llamadas de competidores de negocios propios y de otras personas que se los solicitaban.
El 7 de febrero, Santamaría firmó el acuerdo para su libertad condicional gracias a que llegó al acuerdo de culpabilidad y al pago de una fianza, cuyo monto se desconoce hasta el momento.
LP